Nuevo Decreto 560 Sobre Procesos de Insolvencia | Misión evitar la liquidación empresas y pérdidas de puestos de trabajo
Hoy 15 de abril de 2020 el Gobierno Nacional de Colombia en atención al Decreto de emergencia 417 del 17 de marzo de 2020 y teniendo en cuenta los demás decretos y cincunstancias nacionales y que los procesos insolvencia son instrumentos legales que permiten a los
deudores en dificultades renegocíar sus obligaciones con sus acreedores, con el fin
celebrar acuerdos de pago que les permitan continuar operando como empresa,
preservar el empleo y atender el pago de sus créditos.
Este Decreto 560 del 15 de Abril de 2020 tuvo en cuenta lo siguiente:
"Gobierno precisa que a 31 de diciembre de 2019, tramitaba 2.700 procesos de insolvencia de empresas en todo el país con un total de 48.128 empleos"
Que según el informe "Atlas de Insolvencia - Insolvencia en Colombia: Datos y Cifras"
del 14 de abril de 2020, elaborado por Superintendencia de Sociedades, esta
entidad, al 31 de diciembre de 2019, tramitaba 2.700 procesos de insolvencia en todo
el país, representando un total aproximado de 49 billones de pesos en activos y
120.930 empleos. De esos procesos, 1.190 se trataban de procesos de reorganización en
ejecución, con un total de activos aproximados de 16 billones y un total de 55.697 empleos, y 975 procesos reorganización en trámite, con un total aproximado de
28,6 billones en activos y un total de 48.128 empleos.
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"Gobierno estima que en un escenario de caída del 1,9% del producto interno bruto, 2.676 empresas en su mayoría pequeña y mediana, enfrentarían riesgo de insolvencia y deberían acudir a procesos concursales."
Que de conformidad con el informe titulado "Impacto económico COVID-1 del 14 de
abril de 2020, de la Superintendencia de Sociedades, de las sociedades vigiladas e
inspeccionadas a las que se les pide información 'financiera anual, se estima que en
un escenario de caída del 1,9% del producto interno bruto, 2.676 empresas en su
mayoría pequeña y mediana, enfrentarían riesgo de insolvencia y deberían acudir a
procesos concursales. En este sentido, de la muestra, se estima que el inventario total
de procesos crecería llegando entre 4280 y 5.376, dependiendo del escenario optimista, pesimista y moderado, pero por el choque macro económico, dada cuenta
que se trata de una muestra, podría resultar en que número varíe.
"Gobierno estima que el inventario total de procesos de insolvencia de empresas crecería llegando entre 4.280 y 5.376 solicitudes"
Que el estatuto concursal vigente es un mecanismo diseñado para tiempos normales
y, en consecuencia, no es suficiente para contener el impacto sorpresivo y profundo
que ha sufrido la economía con ocasión del Coronavirus COVI 19.
"Gobierno con el Decreto 560 adecúa el estatuto concursal vigente porque fue diseñado para tiempos normales"
Que la duración promedio de un proceso de reorganización ordinario es de 20 meses
entre la fecha de inicío y la confirmación del acuerdo de reorganización, términos que
no resultan apropiados para resolver una situación de emergencia económica como
la actual.
"Gobierno agiliza con el Decreto 560 los trámites de reorganización para que sean apropiados a la situación de emergencia, hoy es de 20 meses"
Para reducir el término de duración del proceso reorganización se requiere
contar con procesos extra-judiciales, con menos etapas e intervención judicial, en los
cuales el deudor, en un término de meses, determine con sus acreedores los
mecanismos para resolver la situación insolvencia.
Que el régimen de insolvencia actual limita de manera sustancial la capacidad del
deudor para realizar el pago de acreencias y la disposición de activos durante el término de negociación, lo cual deriva en una afectación a los acreedores más débiles.
"El Decreto 560 permitirá al deudor realizar pagos de pequeñas acreencias durante la negociación de acuerdos, hasta por el 5% del total del pasivo externo"
Que por lo tanto resulta adecuado flexibilizar las limitaciones, permitiendo al deudor
realizar pagos de pequeñas acreencias durante la negociación de los acuerdos de
reorganización, hasta por el 5% del total del pasivo externo.
Que el régimen de insolvencia empresarial vigente carece de incentivos suficientes
para promover el alivio financiero del deudor que atraviesa por una crisis económica.
Que en consecuencia, resulta conveniente y necesario establecer mecanismos de
capitalización de acreencias, descarga de pasivos y pago de deuda sostenible, con
fin de promover acuerdos que verdaderamente viabilicen continuación de la
empresa como unidad productiva y fuente generadora de empleo.
"El objeto del Decreto 560 es el de evitar la liquidación y por ende las perdidas de puestos de trabajo"
Que es necesario promover la implementación nuevas fórmulas arreglos entre
deudor y los acreedores como las capitalizaciones de deuda, las descargas de pasivo
y pacto de deuda sostenible, que permitan resolver la crisis del deudor, con el fin de
evitar la liquidación y la consecuencia pérdida de puestos de trabajo.
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