**La impugnación especial**
La impugnación especial, en el contexto jurídico penal colombiano, no solo es una figura que garantiza el principio de doble conformidad, sino que también es el resultado de diversas sentencias y normas que han buscado consolidar un sistema de justicia más robusto y garantista.
La Corte Suprema de Justicia, en su auto del 3 de abril de 2019, radicado 54215, estableció directrices claras sobre esta figura, basándose en precedentes y normativas relevantes:
1. **Recurso de casación (Ley y Jurisprudencia)**: Se reafirma el derecho de las partes a interponer el recurso extraordinario de casación, un derecho consolidado en la ley y respaldado por la jurisprudencia.
2. **Derecho a impugnar (Sala de Casación Penal)**: El procesado condenado por primera vez en segunda instancia tiene el derecho de impugnación, una decisión que recae en la Sala de Casación Penal, como se establece en las normas procesales.
3. **Naturaleza de la impugnación (Recurso de Apelación)**: Aunque no se rige por una técnica específica, la impugnación sigue la lógica del recurso de apelación, un principio respaldado por las leyes 600 y 906.
4. **Términos procesales (Código de Procedimiento Penal)**: Los plazos para la impugnación especial se basan en lo establecido para el recurso de casación, ya sea bajo la ley 600 de 2000 o la 906 de 2004.
5. **Trámite y resolución (Artículos 194 y 179)**: El procedimiento para la impugnación se asemeja al recurso de apelación, como se establece en los artículos 194 y 179 de las leyes 600 y 906, respectivamente.
6. **Irrecurribilidad (Sentencias CSJ)**: Las sentencias como la CSJ AP6798-2017, rad. 46395; CSJ AP 15 jun. 2005, rad. 23336; CSJ AP 10 nov. 2004, rad. 16023, entre otras, establecen que contra la decisión de impugnación especial no procede recurso de casación.
Estas directrices y referencias normativas y jurisprudenciales refuerzan la importancia de la impugnación especial en el sistema penal colombiano. Es una figura que, respaldada por sentencias y normas aplicables, busca garantizar derechos fundamentales y consolidar un sistema de justicia más equitativo y transparente.