Diferencias entre empleados públicos y trabajadores oficiales

Diferencias entre empleados públicos y trabajadores oficiales

Nuestro grupo de litigantes de Valencia Grajales quienes por más de 16 años prestan su servicio de acompañamiento en el ejercicio del derecho a los abogados de Colombia, a continuación presentan un análisis al respecto así:

El consejo de Estado en providencia del veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018) precisó las diferencias de estos conceptos así:

Empleados públicos son las personas naturales vinculadas a la administración pública en virtud de una relación legal y reglamentaria, es decir, a través de un acto administrativo de nombramiento mientras que los trabajadores oficiales lo son a través de un contrato de trabajo. Estos últimos, por regla general, constituyen el personal que labora en las entidades descentralizadas y desconcentradas por servicios o por colaboración, tales como sociedades de economía mixta y empresas industriales y comerciales del Estado, como es el caso del FNA, que de acuerdo con la Ley 432 de 1998,25 es una empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero.

La naturaleza del vínculo que liga a los empleados públicos y trabajadores oficiales con la administración pública, genera una serie de particularidades que caracterizan a unos y a otros. Entre estas, se encuentra aquella relacionada con las tareas o funciones a desempeñar, pues, las de los empleados públicos, por expresa disposición del artículo 122 constitucional, están determinadas en la ley o el reglamento, en tanto que las de los trabajadores oficiales pueden ser pactadas de manera consensuada y están comprendidas en las obligaciones del respectivo contrato de trabajo.

En cuanto al aspecto salarial y prestacional de unos y otros, se tiene que para el caso de los empleados públicos, por expreso mandato constitucional del artículo 150 superior, numeral 19, literal e),27 la determinación integral de su régimen salarial y prestacional es fijado por el Gobierno Nacional de conformidad con los criterios y objetivos que establezca el legislador en la respectiva ley marco; mientras que tratándose de los trabajadores oficiales, de conformidad con el citado artículo 150 superior, numeral 19, literal f),28 el Gobierno Nacional de acuerdo con los criterios y objetivos que establezca el legislador, sólo está autorizado para regular el régimen de prestaciones sociales mínimas, por lo que, lo atinente a sus remuneración salarial puede pactarse en el correspondiente contrato de trabajo, y en su defecto, se rige por lo establecido en las normas laborales que regulan las relaciones laborales entre particulares.

El Consejo de Estado reafirmó en ésta providencia, la postura según la cual los empleados públicos no pueden beneficiarse de convenciones colectivas suscritas con trabajadores oficiales.

 

Diferencias entre ACCIÓN DE NULIDAD y NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Diferencias entre  ACCIÓN DE NULIDAD y NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

 

El consejo de Estado en providencia del 25 de enero de 2018 precisó las diferencias de estos dos conceptos así:

“[…]Dichas acciones se diferencian, entre otros, en los siguientes aspectos: En cuanto a la titularidad de la acción, se observa que la de nulidad es una acción popular, abierta a todas las personas, cuyo ejercicio no necesita del ministerio de un abogado; en tanto que el uso de la acción de nulidad y restablecimiento está condicionado a la existencia de un interés, de manera que podrá ejercerla quien considere que su derecho ha sido lesionado y es necesario para tal efecto el apoderamiento de un profesional del derecho; En cuanto a la oportunidad para ejercer la respectiva acción, la de nulidad no tiene por lo general término de caducidad, de manera que puede utilizarse en cualquier tiempo, mientras que la de restablecimiento del derecho debe ser presentada ante el juez en un término que, en la mayor parte de los casos, es de cuatro (4) meses, o de dos (2) años cuando se trata de acción indemnizatoria. En relación con los efectos de la sentencia, la que se produce en proceso de nulidad los tiene "erga omnes", si la decisión es anulatoria, en caso contrario, cuando no se accede a las pretensiones de la demanda, esos efectos se limitarán a los motivos de nulidad invocados por la actora; mientras que en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, la sentencia tiene efectos inter partes y respecto de terceros interesados. Otros rasgos de estas dos acciones tienen que ver con el hecho de que la de nulidad no es desistible, cualquier persona puede coadyuvar o impugnar la demanda, lo que no sucede con la de nulidad y restablecimiento del derecho, que sí es desistible, con el cumplimiento de los requisitos de ley, y solamente a los terceros interesados les es permitido participar en un proceso de esa naturaleza. En el mismo orden de ideas, el fenómeno de la perención no opera, cuando se trata de acción de nulidad, lo que sí sucede en el caso de la otra acción. Otro aspecto que distingue a las dos acciones tiene que ver con su procedibilidad, el cual se vincula directamente con la teoría de los motivos y finalidades[…].

 

	ACCIÓN DE NULIDAD	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
titularidad de la acción	Es una acción popular, abierta a todas las personas	Está condicionado a la existencia de un interés. Podrá ejercerla quien considere que su derecho ha sido lesionado.
Abogado	No requiere de abogado	Es necesario el apoderamiento de un profesional del derecho
Oportunidad	NO tiene por lo general término de caducidad, de manera que puede utilizarse en cualquier tiempo	Debe ser presentada ante el juez en un término que, en la mayor parte de los casos, es de cuatro (4) meses, o de dos (2) años cuando se trata de acción indemnizatoria
efectos de la sentencia	"erga omnes", si la decisión es anulatoria, en caso contrario, cuando no se accede a las pretensiones de la demanda, esos efectos se limitarán a los motivos de nulidad invocados por la actora.	La sentencia tiene efectos inter partes y respecto de terceros interesados.
Desistimiento	La de nulidad NO es desistible	SÍ es desistible, con el cumplimiento de los requisitos de ley
Intervinientes	Cualquier persona puede coadyuvar o impugnar la demanda	solamente a los terceros interesados les es permitido participar en un proceso de esa naturaleza

 www.valenciagrajales.com

 

Diferencias entre confiscación, extinción de dominio y decomiso

Diferencias entre confiscación, extinción de dominio, decomiso

 

El consejo de Estado en providencia del diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015) precisó estos conceptos así:

	Confiscación	Extinción de dominio	Decomiso	Expropiación
Legitimidad	La confiscación está expresamente prohibida por la Constitución, convirtiéndose en una limitación ilegitima de la propiedad, toda vez que una persona no puede ser despojada de la totalidad de sus bienes o una parte considerable de ellos. C-459 de 2011	forma legítima de restringir la propiedad, sin lugar a indemnización. C-459 de 2011	forma legítima de restringir la propiedad. sin lugar a indemnización. C-459 de 2011	forma legítima de restringir la propiedad. Procede con indemnización previa. C-459 de 2011
Naturaleza	la confiscación, sí comporta enajenación en conjunto de los bienes patrimoniales de una persona que se hallan amparadas por justo título, por decisión sancionatoria del Estado y en beneficio del tesoro público, y que por lo mismo se aplica como pena accesoria en las legislaciones que la prevén, que no es el caso de Colombia, dada su prohibición por disposición constitucional desde la Constitución de 1886, en su artículo 34, mismo que sigue siendo el artículo que la prohíbe en la actual Constitución Política”. (subrayas fuera de texto) (Radicado 2002-00404-01 Sentencia del 3 de noviembre de 2005. M.P. Rafael De Lafont Pianeta)	procede por sentencia judicial y sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito en perjuicio del Tesoro Público y con grave deterioro de la moral social, según lo prevé el artículo 34 de la Constitución Política.	El decomiso es, de una parte, una medida policiva justamente para ser aplicada administrativamente sobre cosas que se encuentren en situaciones irregulares o ilegales en poder de personas, y que por lo mismo su tenencia no se halla amparada por título legítimo alguno, o si lo estuvo dejó de estarlo y, de otra parte, puede aplicarse como una pena accesoria cuando las cosas se utilizan como medios para la comisión de ilícitos o son el producto de un delito.
Sentencia judicial		Procede por sentencia judicial	No requiere declaración judicial
Finalidad		la adquisición ilegitima del bien objeto de la extinción	El decomiso NO tiene por finalidad poner en entredicho la legitimidad de la propiedad del bien objeto de dicha medida, sino sancionar la inobservancia de una obligación legal

 

Diferencia entre el acto administrativo particular y el acto administrativo general | Valencia Grajales Abogados 19 años

Diferencia entre el acto administrativo particular y el acto administrativo general

 

El consejo de Estado en providencia del 18 de junio de 2015 precisó estos dos conceptos así:

“La diferencia entre los actos de contenido particular y general depende del grado de indeterminación que tengan los sujetos destinatarios del mismo, como lo ha precisado esta Sala:

‘Para diferenciar un acto administrativo general de uno particular es necesario tener presente los siguientes aspectos:

El acto administrativo se entiende, entre otras perspectivas, como una decisión adoptada o expedida en función administrativa a través de la cual la autoridad crea, modifica o extingue una posición de una persona o conjunto de personas determinadas o indeterminadas frente a una norma de derecho (situación jurídica).

El acto singular o particular no necesariamente tiene un destinatario único, por cuanto puede ir dirigido tanto a una persona como a un grupo determinado de personas; en tanto que el acto general se expide siempre para un grupo indeterminado de personas a quienes se les crea, modifica o extingue una situación jurídica, dependiendo de las conductas o roles que ellas mismas asuman” .

	Actos administrativo particular	Actos administrativo general
Definición	puede ir dirigido tanto a una persona como a un grupo determinado de personas	se expide siempre para un grupo indeterminado de personas a quienes se les crea, modifica o extingue una situación jurídica, dependiendo de las conductas o roles que ellas mismas asuman