SALA DE CASACIÓN LABORAL
TUTELA
ID: 685933
NÚMERO DE PROCESO: 201900851
NÚMERO DE PROVIDENCIA: STL17061-2019
CLASE DE ACTUACIÓN: ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA
TIPO DE PROVIDENCIA: SENTENCIA
FECHA: 18/12/2019
PONENTE: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
TEMA: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO - Resolución que niega las vacaciones
DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL - Derecho al descanso: finalidad y alcance (c. j.)
DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL - Funcionarios y empleados de la Rama Judicial - Derecho al descanso: vacaciones individuales - marco normativo
DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL - Derecho laboral individual - Servidores públicos - Empleados de la Rama Judicial - Derecho al descanso laboral: el derecho al descanso laboral no involucra el deber correlativo del Consejo Superior de la Judicatura de designar personal de remplazo
DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL - Derecho al descanso laboral: vulneración del derecho al interponer barreras presupuestales y administrativas, para la concesión de las vacaciones del empleado
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN LABORAL
CLARA
CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
Magistrada
ponente
STL17061-2019
Radicación
n.° 11001023000020190085100
Acta 46
Bogotá, D. C., dieciocho
(18) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).
(...)
II.
CONSIDERACIONES
De conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la Constitución Política,
todos los trabajadores tienen derecho al descanso necesario, entre otras
prerrogativas inherentes a su condición.
La
Corte Constitucional estableció los fines del citado derecho de orden superior
en sentencia CC C-019-04, en la que indicó que estos eran, entre otros,
permitirle recuperar al trabajador las energías desplegadas en su actividad
laboral, proteger su salud física y mental y conferirle la posibilidad de
desarrollar actividades distintas al trabajo, compatibles con el ejercicio de
su derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.
Puntualmente,
en la sentencia citada se dijo lo siguiente:
Uno de los derechos
fundamentales del trabajador, es el derecho al descanso. El derecho de todo
trabajador de cesar en su actividad por un período de tiempo, tiene como fines,
entre otros, permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que
desempeña, proteger su salud física y mental, el desarrollo de la labor con
mayor eficiencia, y la posibilidad de atender otras tareas que permitan su
desarrollo integral como persona. El descanso está consagrado como uno de los
principios mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo y,
por ende, debe entenderse como uno de los derechos fundamentales del
trabajador. La legislación laboral consagra como regla general, la obligación
de todo empleador de dar descanso dominical remunerado a todos sus
trabajadores. Este derecho lo adquieren los trabajadores que, habiéndose obligado
a prestar sus servicios en todos los días laborales de la semana, no falten al
trabajo, o faltando, lo hayan hecho por justa causa o por culpa o disposición
del empleador. Cuando el trabajador labora menos de treinta y seis horas
semanales, la remuneración de su descanso, es proporcional al tiempo laborado.
Cuando no se cumplen los requisitos exigidos por la norma en mención, el
trabajador pierde el derecho a la remuneración, pero no al descanso que es un
derecho fundamental del trabajador, que nace del vínculo laboral.
(…)
En nuestra legislación las vacaciones se erigen como el derecho a
un descanso remunerado por las labores desarrolladas al servicio del empleador,
quien a su vez tiene el deber de causarlas contablemente, al igual que la obligación
de pagarlas al empleado dentro de los términos de ley. Es decir, el
empleado tiene derecho al disfrute de un tiempo libre a título de vacaciones,
durante el lapso legalmente causado y con el pago previo de ese derecho, pues
no sería justo ni razonable el que un trabajador saliera a “disfrutar” sus
vacaciones desprovisto del correspondiente ingreso económico. Claro es
que unas vacaciones carentes de recursos se tornarían en un hecho
contraproducente a los intereses y derechos del titular y su familia, ante la
permanencia del gasto que implica su existencia y desarrollo.
Dentro del sentido y fines del derecho a las vacaciones resulta
pertinente destacar la regla según la cual los empleados deben disfrutar
efectivamente su período vacacional, con arreglo a los términos y plazos
establecidos en la ley. Aceptándose sólo por excepción el pago de las
mismas sin el concomitante disfrute; esto es, únicamente en los casos
taxativamente señalados se admite la compensación en dinero de las vacaciones.
Los
empleados y funcionarios de la Rama Judicial encuentran la regulación del derecho
fundamental analizado, del cual son titulares, en el artículo 146 de la Ley 270
de 1996, que establece lo siguiente:
ARTÍCULO 146. VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de
la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa
de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal
Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos
de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la
Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las
necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y
Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a
los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de
veintidós días continuos por cada año de servicio.
Ahora bien, es preciso señalar que el disfrute de vacaciones de los empleados de la Rama Judicial no
comporta el deber correlativo del Consejo Superior de la Judicatura de designar
personal de reemplazo, pues, tal y como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte,
entre otras en sentencias CSJ STL6386-2019 y CSJ STP15391-2018, a los jueces,
en calidad de gerentes del recurso humano que hace parte de sus despachos, les
corresponde adoptar las medidas administrativas necesarias y pertinentes,
encaminadas a que el goce del descanso de uno de sus empleados no obstaculice
la adecuada prestación del servicio de justicia a los usuarios por parte del
personal que continúa en ejercicio de sus cargos.
Sin embargo,
la circunstancia planteada no obsta para que las Direcciones Ejecutivas de
Administración Judicial adopten disposiciones relacionadas con el reemplazo de
personal en vacaciones en ciertas circunstancias, dada su condición de ordenadoras
del gasto dentro de sus respectivas jurisdicciones, de conformidad con lo
previsto en el artículo 103 de la Ley 270 de 1996.
Ello ocurre
en el caso de la Seccional de Antioquia, aquí cuestionada, cuyo director
expidió la Circular DESAJME18-5220 del 18 de julio de 2018, en la que
determinó que únicamente existe apropiación presupuestal para proveer
reemplazos de personal en vacaciones, en los siguientes eventos: «para los funcionarios (jueces) que
pertenezcan al régimen de vacaciones individuales y excepcionalmente cuando se
trate de empleados del régimen de vacaciones individuales que laboren en
despachos con planta de personal de 3 o menos cargos».
Definido el
anterior contexto normativo, la Sala observa que, en el caso examinado, se
encuentran acreditados los siguientes supuestos fácticos:
-
Que María Elena Santamaría Martínez es empleada del Centro
de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Antioquia.
-
Que solicitó vacaciones al juez coordinador de la citada dependencia
y este negó tal solicitud en Resolución n° 260 de 8 de noviembre de 2019, en la que determinó que no era posible
autorizar su descanso «hasta tanto se
dis[pusiera] presupuesto para su reemplazo».
-
Que Santamaría Martínez presentó recurso de reposición
contra el mencionado acto administrativo y el mismo fue confirmado a través de
Resolución n° 265 de 12 de noviembre de 2019.
-
Que, al resolver el recurso de reposición, el juez
accionado admitió que el centro de servicios a su cargo cuenta con 51
empleados.
De esta
manera, al analizarse los hechos demostrados a la luz de los lineamientos
normativos fijados en la parte introductoria de esta decisión, esta Sala
observa que en el caso particular de la tutelante, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Antioquia no tiene el deber de expedir
certificación de disponibilidad presupuestal para proveer su reemplazo, entre
tanto disfruta del período de vacaciones individual que le corresponde por
ministerio de la ley, precisamente porque la accionante hace parte de un
despacho integrado por más de cincuenta personas, de suerte que no le son
aplicables las excepciones que postuló el director ejecutivo seccional de
Administración Judicial de Antioquia, en la circular ya mencionada.
De acuerdo
con lo hasta aquí expuesto, esta colegiatura concluye que el Juez Coordinador
de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y
Antioquia transgredió los derechos fundamentales de la promotora del
instrumento de amparo, al negarle el descanso al que tiene derecho, so pretexto
de que no existen recursos para designar un empleado que ejerza provisionalmente
sus funciones, pues, se insiste, dicha justificación no se compadece con las
disposiciones legales que regulan la situación administrativa de la
trabajadora.
Con
fundamento en las aludidas reflexiones, se concederá el resguardo solicitado,
se dejarán sin valor legal ni efecto alguno las Resoluciones n° 260 y 265,
proferidas por el juez accionado, y, en su lugar, se ordenará a este que
profiera el acto que legalmente resulte pertinente, en el que conceda a María
Elena Santamaría Martínez las vacaciones a las que tiene derecho.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: Conceder
el amparo invocado.
SEGUNDO: Dejar sin valor legal ni efecto alguno las
Resoluciones n° 260 de 8 de noviembre de 2019 y n° 265 de 12 de noviembre del
mismo año, mediante las cuales el Juez Coordinador del Centro de Servicios de
los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y
Antioquia negó el disfrute de vacaciones a la accionante.
TERCERO:
Ordenar al mencionado funcionario que profiera
un acto administrativo en reemplazo de las mencionadas resoluciones, en el que conceda a María Elena Santamaría
Martínez el período de descanso al que tiene derecho, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta decisión.
CUARTO:
Enterar de esta decisión a los
interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del
fallo pronunciado, si este no fuere
impugnado.
Cópiese,
notifíquese, publíquese y cúmplase.
GERARDO
BOTERO ZULUAGA
Presidente de la Sala
FERNANDO
CASTILLO CADENA
CLARA
CECILIA DUEÑAS QUEVEDO
JORGE
LUIS QUIROZ ALEMÁN
