LIMITE TEMPORAL DEL DATO NEGATIVO CUANDO EL DEUDOR NUNCA PAGA
Término
de permanencia de cuatro (4) años contados a partir del momento en que se
extinga la obligación por cualquier modo.
Así
las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional,
el término de caducidad del dato financiero negativo, tratándose de la
extinción de la obligación por cualquier modo diferente al pago (incluyendo la
prescripción liberatoria), es de cuatro años, contados a partir del momento de
ocurrencia del fenómeno extintivo. En consecuencia, no se vulnera el derecho
fundamental al hábeas data cuando una entidad se abstiene de eliminar el
reporte negativo que pesa sobre una persona por el incumplimiento de una
obligación civil que permanece insoluta, respecto de la cual ha transcurrido un
término menor de 10 años desde la fecha de su exigibilidad.
EL TERMINO DE CADUCIDAD DEL DATO FINANCIERO NEGATIVO INCLUYENDO LA PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA ES DE CUATRO AÑOS
Así
las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional,
el término de caducidad del dato financiero negativo, tratándose de la
extinción de la obligación por cualquier modo diferente al pago (incluyendo la
prescripción liberatoria), es de cuatro años, contados a partir del momento de
ocurrencia del fenómeno extintivo.
CUANDO EL DEUDOR NUNCA PAGA LA PRESCRIPCIÓN ORDINARIA DE DICHA ACCIÓN ES DE 10 AÑOS Y LA CADUCIDAD DEL DATO NEGATIVO ES DE CUATRO AÑOS MÁS
La
ley civil establece que la prescripción de la acción
ordinaria (el mecanismo procesal que le permite a un acreedor
obtener una declaración judicial respecto de la existencia de una obligación)
ocurre en el término de 10 años, contado
a partir de su exigibilidad. Así, no es posible entender que una obligación
se extinga en periodo inferior a aquel y mucho menos, que el término de
caducidad del dato financiero negativo se complete antes de dicho periodo. Por
el contrario, el límite temporal de dicha información, tratándose de aquellas
hipótesis en las cuales el deudor nunca paga, se extiende – a manera de sanción
– por un período de 4 años contado a partir del momento
en que la obligación prescribe.
NO SE REQUIERE DE UNA DECLARACIÓN JUDICIAL DE PRESCRIPCIÓN PARA PROTEGER EL HABEAS DATA
Esta
Sala considera que si bien el juez de tutela carece de la facultad de decretar
la prescripción de una obligación, ya que dicha prerrogativa corresponde a los
jueces civiles, no necesita de una efectiva declaración judicial de
prescripción para poder proteger el derecho fundamental al hábeas data.
Fundamento de esta investigación:
Corte Constitucional, Sentencia T-164 de 2010
Ley 1266 de 2008