INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD -POR NO HABERSE COMETIDO EL DELITO

 INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-POR NO HABERSE COMETIDO EL DELITO

 

EL CASO

Un señor fue privado injustamente de la libertad por espacio de 16 horas, acusado de haber causado homicidio.

Decisión del Consejo de Estado:

Confirmar la sentencia proferida por el juzgador de primera instancia, quien señaló que la Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva, habida cuenta que la referida entidad cuenta con autonomía administrativa y financiera, circunstancia por la cual “en caso de condena en su contra, ella debe responder con su presupuesto”.

Al analizar el fondo del asunto, el juzgador de primera instancia puntualizó lo siguiente:

“… como se observa de la lectura del aparte del fallo atrás transcrito, la señora juez, después de escuchar las argumentaciones de la Fiscalía, y al considerar procedente la solicitud, decidió decretar preclusión de la investigación contra el señor xxxx, en aplicación de los numerales 5º y 6º del

Código de Procedimiento Penal, referidos a la ausencia del imputado en el hecho investigado e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Quedando de esta manera, exonerado de toda responsabilidad por dichos hechos.

“De lo anteriormente expuesto, es posible verificar el cumplimiento de los supuestos antes mencionados que permiten configurar la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad del señor xxxxx”[1].

Término para demandar en acción de reparación directa:

“En concordancia con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984[2], en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos (2) años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada -lo último que ocurra”-[3]

Respecto a los perjuicios morales de los familiares:

“La jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha manifestado que, en casos de privación injusta de la libertad, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos ha sufrido un daño antijurídico, como el que se juzga en el presente caso, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política^[4] y con base en las máximas de la experiencia, resulta suficiente para inferir que tanto el peticionario como los integrantes de su familia han padecido el perjuicio moral por cuya reparación se demanda.“

En punto de lo anterior, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia respecto de la indemnización de perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad y, en consecuencia, estableció los siguientes parámetros para calcular la referida indemnización[5]:

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad.	Víctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el primer grado de consanguinidad	Parientes en el segundo grado de consanguinidad	Parientes en el tercer grado de consanguinidad	Parientes en el cuarto grado de consanguinidad y afines hasta el segundo grado	Terceros damnificados
Término de privación injusta en meses		50% del monto de la víctima directa	35% del monto de la víctima directa	25% del monto  de la víctima directa	15% del monto de la víctima directa
SMLMV
Superior a 18 meses	100	50	35	25	15
Superior a 12 meses e inferior a 18	90	45	31,5	22,5	13,5
Superior a 9  meses e inferior a 12	80	40	28	20	12
Superior a 6 meses e inferior a 9	70	35	24,5	17,5	10,5
Superior a 3  meses e inferior a 6	50	25	17,5	12,5	7,5
Superior a 1 mes e inferior a 3	35	17,5	12,25	8,75	5,25
Igual e inferior a 1 mes	15	7,5	5,25	3,75	2,25

Daño al buen nombre por despliegue publicitario

El consejo de estado condena por este concepto, al considerar que, aparece probado en el expediente una vulneración al buen nombre y a la honra del señor (privado de la libertad), producto de un despliegue publicitario de la situación jurídica por la cual atravesó, divulgación que si bien -se insiste- fue rectificada por el diario , lo cierto es que tal publicación le produjo una afectación de los mencionados derechos fundamentales, por cuanto tal circunstancia conllevó a que su reputación fuera puesta en duda ante la comunidad. 

Fundamento:

CONSEJO DE ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil dieciséis (2016).

 

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[1] Fls. 468-523 cuad. ppal.

[2] Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308  de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”

[3] Al respecto consultar, por ejemplo, Sentencia del 14 de febrero de 2002. Exp: 13.622. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. Dicho criterio ha sido reiterado por la Subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, Exp: 21801, así como por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, Radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), Consejero Ponente (E): Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

[4] “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

[5] Consejo de Estado, sección tercera. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Exp. 36.149. Actor: José Delgado Sanguino y otros.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

 

Consejero Ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil dieciséis (2016).

Expediente              630012331000200900025 01 (41.573)

Actor                         PEDRO PABLO PALACIO MOLINA Y OTROS

Demandada             NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTROS

Acción                       APELACIÓN DE SENTENCIA. REPARACIÓN DIRECTA

Tema: Privación injusta de la libertad / Absolución por no haberse cometido el delito. Reiteración jurisprudencial / Ley 906 de 2004 /

En virtud de la prelación dispuesta por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en Acta del 25 de abril de 2013 y comoquiera que la presente providencia comporta la reiteración de la jurisprudencia en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, resuelve la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, el 25 de noviembre de 2010, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos (se transcribe de manera literal):

“PRIMERO: Declarar no probada la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA propuesta por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación.

SEGUNDO: Declarar no probada la excepción de CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, respecto de la detención del señor PEDRO PABLO PALACIO MOLINA, por las consideraciones anteriormente expuestas.

TERCERO: Declárase a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN administrativamente responsables de los daños causados a los demandantes como consecuencia de la PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD de que fue objeto el señor ANÍBAL PEDRO PABLO PALACIO MOLINA sufrida entre el 2 de diciembre de 2005 y el 3 de diciembre del mismo año, y según lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Como consecuencia de la declaración anterior se condena a la NACIÓN – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (esto es con cargo al presupuesto de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección (sic) Judicial de Administración Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, en porcentajes del 50% para cada entidad, a pagar por concepto de perjuicios inmateriales las sumas que a continuación se relacionan y a favor de las personas que se indican:

DAMNIFICADO	POR CONCEPTO DE PERJUICIO MATERIAL
PEDRO PABLO PALACIO MOLINA	$3’652.782

DAMNIFICADO	POR CONCEPTO DE PERJUICIO MORAL
PEDRO PABLO PALACIO MOLINA	3 S.M.L. = $1.545.000
Nini Yohanna Rincón González (Compañera permanente)	2 S.M.L. = $1.030.000
Natalia Palacio Rincón (hija)	2 S.M.L. = $1.030.000
Juan David Palacio Gámez (hijo)	2 S.M.L. = $1.030.000
Luis Alfonso Palacio Betancur (padre)	2 S.M.L. = $1.030.000
Betty Molina de Palacio (madre)	2 S.M.L. = $1.030.000
Gloria Carmenza Palacio Molina (sic) (her.)	2 S.M.L. = $1.030.000

CUARTO: La entidad demandada deberá dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 del C.C.A. y deberá reconocer intereses sobre los valores debidos, si a ello hubiere lugar en la forma prevista en el artículo 177 ídem y la sentencia C-188 de 1999.

QUINTO: Negar las demás pretensiones de la demanda según la parte motiva de esta sentencia.

SEXTO: Sin lugar a condena en costas al no encontrar que la demandada y demandante hubieren observado una conducta dilatoria o de mala fe dentro del trámite del presente proceso y en atención a lo previsto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, modificatorio del artículo 171 del C.C.A.

SÉPTIMO: Ejecutoriada la presente providencia y con observancia de lo dispuesto en el artículo 115 del C.P.C., a costa de las partes expídase las copias de la presente sentencia. Las copias para comunicar la decisión será igualmente de cargo de la parte actora quien deberá además asumir directamente los costos de remisión o envío.

OCTAVO: En firme la sentencia, por Secretaría, devuélvase a la parte actora el remanente de los gastos del proceso, si a ello hubiere lugar. Se dejarán

constancias de entrega que se realice. Déjese las notas correspondientes en el sistema Siglo XXI. Oportunamente archívese el expediente”[1].

I. ANTECEDENTES

Los señores Pedro Pablo Palacio Molina, Nini Yohanna Rincón González, Natalia Palacio Rincón, Juan David Palacio Gámez, Luis Alfonso Palacio Betancur, Betty Molina de Palacio y Gloria Carmenza Palacio Molina, por conducto de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Crónica Ltda., con el fin de que se declarara su responsabilidad patrimonial por los perjuicios sufridos como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el primero de los nombrados, en el marco de un proceso penal adelantado en su contra por el delito de homicidio.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se condenara a las entidades demandadas a pagar una indemnización por concepto de perjuicios morales, en la suma equivalente a 100 SMLMV para la víctima directa del daño y el monto de 50 SMLMV para cada uno de los demás demandantes.

Por concepto de perjuicio de “daño a la vida de relación” pidieron la suma de 100 SMLMV a favor de la víctima directa del daño y la suma de 50 SMLMV a favor de los señores Nini Yohanna Rincón González, Natalia Palacio Rincón y Juan David Palacio Gámez, para cada uno de ellos.

Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, se pidió el reconocimiento de una indemnización equivalente a la suma de $3’000.000 a favor de la víctima directa.

Como fundamentos fácticos de sus pretensiones expusieron los que la Sala se permite resumir de la manera que sigue:

Se dijo en la demanda que, el 2 de diciembre de 2005, el señor Pedro Pablo Palacio Molina fue capturado por agentes pertenecientes a la SIJÍN por la supuesta comisión del delito de homicidio siendo víctima el señor Leonel Herrera Marín, en momentos en que se encontraba en su residencia ubicada en el barrio Montevideo de la ciudad de Armenia (Quindío) en compañía de su esposa e hijos.

Se indicó que, el 3 de diciembre de 2005, mientras se celebraba la correspondiente audiencia preliminar de legalización de captura “por la puerta de ingreso a la Sala donde se desarrollaba la audiencia, pasó el hermano del occiso cuyo homicidio se investigaba y al observar a mi mandante en la audiencia, en calidad de indiciado, manifiesta a los miembros de Policía Judicial, y éstos a su vez, a los sujetos procesales presentes en la audiencia, que la persona allí sentada es totalmente diferente a quien cegara la vida de su hermano”.

Se narró que en la fecha antes aludida, el señor Palacio Molina fue dejado en libertad, sin embargo, “no fue desencartado inmediatamente de las imputaciones que se le impetraban, pues fue citado a nueva audiencia, en la que la Fiscalía solicitó la preclusión, situación que fue negada por la Juez Segunda Penal del Circuito, pues como consecuencia de la deficiente investigación, recaía sobre el señor PEDRO PABLO PALACIO MOLINA un manto de duda, el cual sólo pudo ser vencido en una segunda audiencia, en la que la juez aceptó la solicitud de preclusión hecha por la Fiscalía”.

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Quindío, el 21 de abril de 2009^[2], decisión que fue notificada en debida forma al Ministerio Público^[3] y a las entidades públicas demandadas[4].

Debe anotarse que, con la entrada en funcionamiento de los Juzgados Administrativos, el proceso fue avocado por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia y, en consecuencia, notificó a las demandadas y al Ministerio Público de su presentación, no obstante, dicho despacho judicial, con proveído de 16 de diciembre de la misma anualidad, declaró la nulidad de todo lo actuado por el mencionado Juzgado Administrativo por falta de competencia funcional[5].

La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda para manifestar su oposición frente a las pretensiones formuladas^[6], al considerar, en síntesis, que la actuación de tal institución estuvo ajustada a los lineamientos de la Constitución Política y de la legislación penal y, además adujo que “el señor Pedro Pablo Palacio Molina estuvo capturado por un lapso de dos días, entre el 2 y 3 de diciembre del año 2005, mientras que le definían su situación y no privado de la libertad como lo afirma el libelista”.

Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y culpa exclusiva de un tercero, por cuanto el señor Eduar Alexis Herrera incriminó al ahora demandante de la comisión del delito de homicidio investigado.  

La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional indicó que en el presente asunto no se reúnen las condiciones del artículo 90 de la Constitución Política “para declarar la responsabilidad y proferida la condena en contra de la Policía Nacional toda vez que si bien se ha podido ocasionar un daño, éste no es antijurídico pues el señor Pedro Pablo Palacio Molina estaba en la obligación de soportarlo y que se le hizo sobre los hechos materia del proceso”[7].

La Nación – Rama Judicial sostuvo que el ahora demandante estaba en la obligación de soportar “la detención y la investigación, puesto que en ese estadio procesal lo menos que podía hacer el ente investigador era vincular a todas las personas que de una u otra manera hubieran podido participar en el ilícito y que, afortunadamente, para bien de la justicia, absuelven al demandante”[8].

Aunado a ello, formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta que la Fiscalía General de la Nación puede representarse a sí misma, toda vez que contaba con autonomía administrativa y financiera[9].

               

La Crónica Ltda., señaló que debían denegarse las súplicas de la demanda que se esgrimían en su contra, de conformidad con lo siguiente (se transcribe de forma literal):

“En el presente caso la información que se investiga proviene del BOLETÍN ESPECIAL DE PRENSA expedido por la POLICÍA NACIONAL, del 03 de diciembre de 2005, en el que se da noticia de la captura del señor PEDRO PABLO PALACIO; lo que hizo LA CRÓNICA fue transcribir textualmente el boletín de prensa que fue entregado, sin tener culpa de que haya finiquitado la acción penal contra el capturado, pues fue esta entidad quien debía tener cuidado con la información entregada al medio de publicación, toda vez que como ya lo dije, ésta simplemente se encarga de transcribir idónea y fidedigna entregada por una institución”[10].

Propuso las excepciones de: i) falta de responsabilidad y culpa, por cuanto dicha empresa se limitó a editar y publicar la noticia relacionada con la detención del señor Pedro Pablo Palacio Molina con fundamento en la información proveniente de autoridades oficiales; ii) inexistencia de violación de los derechos al buen nombre, honra y honor de los demandantes, como quiera que “no fueron mencionados en la publicación”; iii) inexistencia de prueba del daño antijurídico y iv) “prescripción de la acción”, toda vez que el término para presentar la demanda de reparación directa inició a correr el 3

de diciembre de 2005 y fenecía el 3 de diciembre de 2007, por lo tanto, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 28 de abril de 2009, se impone concluir que es extemporánea.

Mediante auto de 4 de diciembre de 2009, se abrió el proceso a pruebas^[11] y, una vez concluido el término probatorio, mediante proveído de 25 de mayo de 2010^[12] se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto de fondo.

En esta oportunidad, las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones respectivas de la demanda[13], mientras que el Ministerio Público guardó silencio.

I.I.-LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo del Quindío profirió sentencia el 25 de noviembre de 2010^[14], mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los términos expuestos al inicio de esta providencia.

Inicialmente, el juzgador de primera instancia señaló que la Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva, habida cuenta que la referida entidad cuenta con autonomía administrativa y financiera, circunstancia por la cual “en caso de condena en su contra, ella debe responder con su presupuesto”.

Al analizar el fondo del asunto, el juzgador de primera instancia puntualizó lo siguiente:

“… como se observa de la lectura del aparte del fallo atrás transcrito, la señora juez, después de escuchar las argumentaciones de la Fiscalía, y al considerar procedente la solicitud, decidió decretar preclusión de la investigación contra el señor Pedro Pablo Palacio Molina, en aplicación de los numerales 5º y 6º del

Código de Procedimiento Penal, referidos a la ausencia del imputado en el hecho investigado e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Quedando de esta manera, exonerado de toda responsabilidad por dichos hechos.

“De lo anteriormente expuesto, es posible verificar el cumplimiento de los supuestos antes mencionados que permiten configurar la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad del señor Pedro Pablo Palacio Molina”[15].

I.II. LOS RECURSOS DE APELACION

1. El recurso de la parte demandante[16]

De manera oportuna, la parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la providencia de primera instancia, para solicitar que se condene a la sociedad CRÓNICA LTDA., con ocasión de la afectación del buen nombre del señor Palacio Molina y de su familia “como consecuencia de la publicación de (sic) información falsa hecha por tal persona jurídica en el diario La Crónica del Quindío de su propiedad, en tanto tal daño no puede tenerse como indemnizado ‘in natura’ como se indica en la sentencia”.

De igual forma, pidió que se incrementara la indemnización por concepto de perjuicios morales, por cuanto que “las circunstancias deshonrosas en que se dio su captura y la afectación de su buen nombre, representan un gravísimo perjuicio para cualquier ser humano y para sus familiares”.

Por último, reclamó el reconocimiento indemnizatorio del perjuicio de “daño a la vida de relación y/o alteración de las condiciones de existencia” a favor de la víctima directa del daño.

2. El recurso de apelación de la Fiscalía General de la Nación

El referido ente investigador solicitó que se revocara la sentencia impugnada, como quiera que el Tribunal Administrativo a quo no había tenido en cuenta,

“… el nuevo rol de la Fiscalía General de la Nación en el sistema acusatorio, donde están establecidas sus funciones y entre ellas no es decretar la medida de aseguramiento si no al contrario solicitarla al Juez de Control de Garantías quien es el llamado a valorar las pruebas presentadas y adoptar la decisión que corresponda.

Por todo lo expuesto y con el debido respeto, me permita solicitar a los Honorables Magistrados, se revoque la sentencia impugnada, dictando en su lugar la que en derecho deba reemplazarla por cuanto se excluye totalmente la noción de detención injusta, así como error jurisdiccional, y en consecuencia, el daño que pudo sufrir el sindicado”.

3. El recurso de apelación de la Rama Judicial

La Rama Judicial adujo que debía revocarse la sentencia apelada, por cuanto las etapas del proceso penal adelantado en contra del señor Palacio Molina se adelantaron “sin que se hubiera incurrido en hechos que pudieran constituir culpa grave o dolo, responsabilidad objetiva, responsabilidad por falla presunta del servicio, daño antijurídico, en la conducta desplegada por los funcionarios investigadores”[17].

4. El trámite de segunda instancia

Los recursos formulados oportunamente por las partes fueron admitidos por auto de 19 de agosto de 2011^[18]. Posteriormente, mediante proveído del 21 de octubre del mismo año^[19] se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.

En esta oportunidad procesal la Fiscalía General de la Nación ratificó los argumentos expuestos en el recurso de apelación^[20], mientras los demás sujetos procesales y el Ministerio Público guardaron silencio en esta fase procesal.

La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.

II.- CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente desde el punto de vista funcional para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 25 de noviembre de 2010, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación^[21].

2. Ejercicio oportuno de la acción

En concordancia con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984[22], en los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos (2) años se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada -lo último que ocurra-[23]

Sin perjuicio de la pauta jurisprudencial antes anotada y no obstante la falta de prueba sobre la fecha de ejecutoria de la providencia que declaró la preclusión de la investigación a favor del señor Palacio Molina, al descender al caso concreto, se encuentra que la demanda se presentó dentro los dos años

siguientes al hecho que da origen a la alegada responsabilidad del ente demandado, dado que la mencionada preclusión se dispuso en la audiencia celebrada el 3 de octubre de 2006[24] mientras que la demanda se impetró el 3 de diciembre de 2007.

3. El objeto del recurso de apelación

Previo a abordar el análisis de fondo resulta necesario señalar que el recurso de apelación interpuesto de la parte demandante se encuentra encaminado a que se condene a la CRÓNICA LTDA., se incremente la condena por concepto de perjuicios morales y a que se acceda al reconocimiento de la indemnización por concepto de daño a la vida de relación.

Por su parte, la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación está enfocado a que se revoque la sentencia de primera instancia, discutiendo en concreto un único aspecto, esto es, que la privación de la libertad que sufrieron los demandantes no constituía un daño antijurídico que le fuera imputable, en tanto se produjo en acatamiento de las previsiones del ordenamiento penal que la obligaban a desarrollar la correspondiente investigación.

Lo anterior obliga a destacar que el recurso que promueven las partes se encuentra limitado al aspecto indicado, por lo que la Sala, en su condición de juez de la segunda instancia, se circunscribirá al estudio del motivo de inconformidad planteado en el mencionado recurso de apelación.

4. La falta de legitimación de la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación

Según se dejó indicado en los antecedentes de esta providencia, el libelo introductorio se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Sobre el particular, la Sala estima necesario reiterar el criterio expuesto en sentencia proferida el 24 de junio de 2015^[25], según el cual si bien cada una de las entidades demandadas ostentan la representación de la Nación en casos en los cuales se discute la responsabilidad del Estado por hechos imputables a la Administración de Justicia (inciso segundo del artículo 49 de la Ley 446 de 1998^[26] y numeral 8 del artículo 99 de la Ley 270 de 1996^[27]), lo cierto es que las decisiones que se discuten en el presente litigio y que habrían ocasionado el daño por cuya indemnización se reclama, fueron proferidas por la Rama Judicial (representada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial), razón por la cual una vez efectuado el recuento probatorio, se concretará si el aludido daño antijurídico reclamado se encuentra acreditado y, de estarlo, se establecerá si el mismo le resulta imputable a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la cual fue debidamente notificada y representada^[28].

En efecto, con la expedición de la Ley 906 de 2004 -Código de Procedimiento Penal- el legislador articuló el proceso penal de tal manera que buscó

fortalecer la función investigativa de la Fiscalía General de la Nación, como de instituir una clara distinción entre los funcionarios encargados de investigar, acusar y juzgar dentro de la acción penal, por lo que, suprimió del ente investigador -Fiscalía- la facultad jurisdiccional^[29], la cual venía ejerciendo por disposición de los antiguos Códigos de Procedimiento Penal –Decreto Ley 2700 de 1991 y Ley 600 de 2000-.

Así las cosas, a la luz de las nuevas disposiciones del procedimiento penal, la facultad jurisdiccional quedó exclusivamente en cabeza de la Rama Judicial, razón por la cual, las decisiones que impliquen una privación de la libertad, son proferidas por los Jueces que tienen a su cargo el conocimiento del proceso penal^[30], como en efecto ocurrió en este caso mediante el auto proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal de Armenia con funciones de control de garantías que declaró la legalidad de la captura, según se desprende del oficio No. CCSJ-0095[31] expedido por la Coordinación del Centro de Servicios Judiciales.

Así pues, en el asunto sub examine la decisión que llevó a la privación de la libertad del señor Pedro Pablo Palacio Molina, si bien es cierto fue solicitada por la Fiscalía General de la Nación, lo cierto es que dicho ente no tenía la potestad de decidir sobre la privación de la libertad del ahora demandante, cosa que sí le correspondía a la Rama Judicial, por encontrarse dentro de sus funciones jurisdiccionales, razón por la cual, forzoso resulta concluir que en el presente asunto y, a la luz de las nuevas disposiciones penales, no es posible endilgarle responsabilidad alguna a la Fiscalía General de la Nación. 

5. Lo probado en el proceso

De conformidad con el material probatorio obrante en el encuadernamiento, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tiene debidamente acreditado:

v  Que el 1 de octubre de 2005, el señor Leonel Herrera Marín fue asesinado con arma de fuego en el barrio La Unión de la ciudad de Armenia, de conformidad con lo consignado en el correspondiente informe técnico de necropsia médico-legal[32].

v  Que el 2 de diciembre de 2005, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Armenia con función de control de garantías llevó a cabo la audiencia de solicitud de orden de captura, en la cual se dejó constancia de lo siguiente:

“(…) 2. La juez concede el uso de la palabra a la Fiscal para que dé a conocer el motivo que la obligó a solicitar la instalación de la presente audiencia, indicando que se trata de la solicitud de una orden de captura en contra del presunto responsable del delito de homicidio agravado en la persona del señor LEONEL ARCIRIO HERRERA MARÍN, ocurrida el día 01 de octubre del año que avanza a eso de las 7:00 de la noche, en vía pública frente a la manzana 05 casa 03 barrio La Unión de esta ciudad, para lo cual exhibe al despacho informe ejecutivo, la entrevista del hermano del occiso, la necropsia, el acta de reconocimiento fotográfico realizado por la SIJÍN con el hermano de la víctima, las labores de vecindad de los investigadores, la orden de la diligencia expedida por la Fiscalía y ofrece los testimonios de los señores RAFAEL ANDRÉS OTÁLVARO, investigador de la SIJÍN y del señor EDUARD ALEXIS HERRERA MARÍN, hermano de la víctima en tales hechos, dando traslado al despacho de los documentos enunciados.

3. La juez ordena la recepción de los testimonios ofrecidos por la Fiscalía y una vez escuchados éstos ordena expedir la orden de captura con destino a la Fiscalía en contra del señor PEDRO PABLO PALACIO MOLINA, (…), con un término de caducidad de seis (6) meses, debiendo quedar copia de tal comunicación en el archivo del Juzgado, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 298, inciso primero del C. de P. Penal. (…)”[33] (Se destaca).

En la misma fecha, a eso de las 11:35 pm., el señor Pedro Pablo Palacio Molina fue capturado en el barrio Montevideo de la ciudad de Armenia[34].

v  Que el 3 de diciembre de 2005, el Juzgado Primero Penal Municipal de Armenia con funciones de control de garantías llevó a cabo la audiencia preliminar[35] a efectos de i) legalizar la captura del señor Pedro Pablo Palacio Molina, ii) formular la correspondiente imputación e iii) imponer medida de aseguramiento.

No obstante lo anterior, durante el transcurso de la referida audiencia el ente investigador se abstuvo de formular imputación y de solicitar medida de aseguramiento en contra del ahora demandante, por cuanto un testigo presencial del hecho punible le informó al ente investigador que el hoy demandante no era el autor del homicidio del señor Herrera Marín, circunstancia que le impedía elevar tales peticiones, razón por la cual, el juez de control de garantías ordenó la libertad inmediata del señor Palacio Molina[36].

v  Que el 11 de agosto de 2006, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Armenia celebró la audiencia[37] de que trata el artículo 333 de la Ley 906 de 2004[38], esto es, a efectos de analizar la petición presentada por el ente investigador consistente en la preclusión de la investigación a favor del

señor Palacio Molina debido a la ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado[39].

No obstante, tal petición fue rechazada por cuanto no se encontraba acreditada la causal quinta del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, decisión que fue apelada por el defensor del ahora demandante, sin embargo, de manera posterior desistió de la impugnación.  

v  Que el 3 de octubre de 2006, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia decretó la preclusión de la investigación a favor del señor Pedro Pablo Palacio Molina por la configuración de las causales 5ª y 6ª del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, esto es, ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, respectivamente[40].

Los considerandos que sirvieron de fundamento para adoptar tal decisión fueron los siguientes (se transcribe de forma literal):

“Escuchada la tesis argumentativa de la Fiscalía, a la que no se ha opuesto el representante del Ministerio Público, este Despacho la comparte, pues de verdad no se cuenta con elementos materiales probatorios que permitan deducir con probabilidad de verdad, que el señor PEDRO PABLO PALACIO MOLINA, fuera el autor de la muerte de LEONEL ARCIRIO HERRERA MARÍN, máxime cuando el testigo presencial de los hechos reconoció en la audiencia de formulación de imputación que la persona capturada no es la misma que disparar contra su hermano ocasionándole la muerte, es decir, admite que se equivocó al hacer el reconocimiento fotográfico.

Ha argumentado el ente acusador, carecer de elementos materiales probatorios o evidencias físicas que le permitan vincular al señor PEDRO PABLO PALACIO MOLINA, con la muerte del occiso LEONEL HERRERA MARÍN, puesto que la única persona que lo reconoció como autor material del delito enfáticamente ha manifestado que se equivocó al señalarlo como tal en el reconocimiento fotográfico. A lo anterior debe

aunarse el hecho de haberse establecido a través de las labores investigativas que el indiciado estuvo dedicado a las labores de juegos de azar, en la residencia de LUZ MARY OCAMPO DE MARÍN, el día y hora en que se produjo el atentado que privó de la vida a HERRERA MARÍN.

Lo anterior nos lleva a concluir que efectivamente se configuran las causales 5ª y 6ª del artículo 332 del C.P.P., ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, para solicitar la preclusión.

Finalmente hemos de concluir que al caso que nos ocupa le son aplicables los artículos 29 de la Carta Política, 7º y 332 numerales 5º y 6º del C.P.P., normas que desarrollan los principios de PRESUNCIÓN DE INOCENCIA e IN DUBIO PRO REO, ordenando resolver toda duda a favor del procesado, consecuencia que es lógica pues si el Estado, detentador de la función punitiva, disponiendo de todos los medios necesarios para el esclarecimiento de los hechos no ha podido hacerlo en el tiempo señalado, luego no queda otro camino diferente al de precluir la investigación a favor de PEDRO PABLO PALACIO MOLINA, toda vez que se cumplen los presupuestos legales que para tomar tal decisión.

Así las cosas, deberá aceptarse el pedido del organismo instructor pues el mismo resulta procedente. Ya que si no se cuenta con las exigencias necesarias para tramitar un juicio, ilógico resultaría adelantarlo sin soporte probatorio alguno y sin bases sólidas de donde pueda deducirse la probable responsabilidad del indiciado.

Se decretará, entonces, la preclusión de este trámite en favor del señor PEDRO PABLO PALACIO MOLINA, por la conducta punible de HOMICIDIO, cesando de tal suerte, con efectos de cosa juzgada, la persecución penal en su contra por estos hechos, por ende se decretará la extinción de la acción penal”[41] (se destaca).

v  Que según oficio 02-0010 de febrero 11 de 2010, la Fiscalía General de la Nación le precisó al Tribunal Administrativo de primera instancia los hechos relacionados con el proceso penal adelantado en contra del señor Pedro Pablo Palacio Molina, así:

“(…) Observando la carpeta se observa que se realizó el respectivo programa metodológico y se impartieron las órdenes a policía judicial arrojando lo siguiente:

Mediante formato investigador de campo del 2 de diciembre del 2005 se informó que se realizaron labores de vecindario en el barrio La Unión,

barrio Nueva Libertad de la ciudad de Armenia, donde una persona de sexo masculino que no aportó su identificación por temor de que pudiesen atentar contra su vida y la de su familia manifestó que quien había atentado contra la vida del señor Leonel Herrera Alias El Paisa, había sido el señor PEDRO PABLO PALACIO MOLINA y que tenía conocimiento de esto porque él había sido testigo presencial de los hechos y que había observado cuando al hermano del occiso el señor EDWAR también le había disparado cuando éste le tiraba piedras. Se dice en el informe que procedieron a ubicar al señor EDWAR ALEXIS HERRERA quien había sido testigo de los hechos quien ratificó la siguiente información suministrada por esta persona, manifestando que él podía reconocer a quien mató a su hermano. Fue así como procedieron a identificar plenamente al señor PEDRO PABLO PALACIO MOLINA REALIZANDO RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO por cuanto así fue ordenado por el FISCAL OCTAVO SECCIONAL DR. ÁLVARO MUÑOZ quien reconoció al mismo, al señor PEDRO PABLO PALACIO MOLINA.

Mediante orden del 2 de diciembre de 2005, el FISCAL OCTAVO SECCIONAL DR. ÁLVARO MUÑOZ MUÑOZ remitió las diligencias por competencia a la oficina de asignaciones para que las diligencias se sometieran a reparto por cuanto consideraba que el presunto indiciado ya había sido identificado e individualizado y ya no era competente para continuar la investigación según Resolución 00065 de agosto 30 del 2005 de la Dirección Seccional de Fiscalías de Armenia.

(…)

El día 2 de diciembre del 2005, es decir el mismo día en que se ordenara la captura, se procedió a hacerla efectiva por parte de los miembros de policía judicial SIJÍN, quiénes mediante informe dejan a disposición el capturado señor PEDRO PABLO PALACIO MOLINA (…).

El día 3 de diciembre del mismo año, correspondió al FISCAL 9 DE LA URI que se encontraba en turno la Dra. MARÍA LILY NARANJO quien solicitó las audiencias de rigor es decir control de legalidad de allanamiento, de captura, solicitud de formulación de imputación y de medida de aseguramiento. Posterior a ello reposa una constancia de la Fiscal 9, Dra. María Lily Naranjo Patiño quien refiere que encontrándose en la audiencia de legalización de allanamiento y captura, se hizo presente el testigo y hermano de la víctima señor (sic) EDUAR ALEXIS HERRERA MARÍN, quien se había realizado el reconocimiento fotográfico y al ver al indiciado PEDRO PABLO PALACIO manifestó que éste no correspondía a la persona que vio disparando a su hermano y que también le disparó a él, aclarando que si bien lo reconoció en fotografía al verlo personalmente se dio cuenta que no es el mismo.

Por lo anterior, la Dra. MARÍA LILY NARANJO solicitó en forma inmediata al Juez PRMERO DE CONTROL DE GARANTÍAS la libertad del indiciado de quien ya se había legalizado su captura y la

orden de allanamiento y registro, sin que entonces se formulara imputación ni se solicitara medida de aseguramiento. ES DECIR NUNCA SE VINCULÓ AL SEÑOR PEDRO PABLO PALACIO a investigación alguna.

Posterior a ello, las diligencias se remitieron SIN DETENIDO al fiscal de conocimiento correspondiendo las diligencias a la FISCALÍA SEGUNDA SECCIONAL lugar a donde había sido trasladada la Dra. MARÍA LILY NARANJO, quien asumió el conocimiento de la diligencia e impartió órdenes a policía judicial. Mediante informe de investigador de campo se realizó entrevista a la señora LUZ MARY OCAMPO DE MARÍN quien manifestó que el señor PEDRO PALACIO se encontraba en su residencia para el día de los hechos en compañía del señor JOSÉ LIBARDO GALLEGO HENAO quien ratificó el dicho anterior, manifestando que estuvo con el señor PALACIO desde las 5 de la tarde hasta las ocho de la noche. Se intentó ubicar al testigo señor (sic) EDUAR ALEXIS HERRERA.

La Fiscalía Segunda solicitó ante el juez del circuito, solicitud de preclusión, correspondiendo las diligencias a la Dra. AMPARO GÓMEZ DE RESTREPO, Juez Primera de Conocimiento, ante quien se sustentó la preclusión de la investigación con base en la causal 5ª del artículo 332 del Código Procesal Penal. Realizó la fiscal un recuento de los hechos, le habló de la labor investigativa realizada, de cómo EL TESTIGO PRESENCIAL señor EDUAR ALEXIS HERRERA MARÍN, describe al autor de los hechos y dice poder reconocerlo si lo vuelve a ver, para luego reconocer en fotografías al señor PEDRO PABLO PALACIO como el autor del hecho con lo cual se procedió a solicitar su captura y a ser ordenada por un juez de la República. Se le explica a la señora juez como en la audiencia respectiva, EL TESTIGO MANIFESTÓ HABERSE EQUIVOCADO Y NO SER EL SEÑOR PALACIO el autor de los hechos con lo cual la fiscalía se abstuvo de imputar y solicitar medida de aseguramiento. Se le explicó además de cómo se realizaron labores de vecindario posteriores y entrevistas que corroboraron la no presencia del señor PALACIO MOLINA en el lugar de los hechos y que por ende no existía mérito para imputar ni acusar al señor Pedro Pablo Palacio Molina POR CUANTO TODO APUNTABA A QUE NO INTERVINO EN EL HECHO VIOLENTO DE LA MIERTE DE LEONEL ARCIRIO HERRERA MARÍN.

Dicha audiencia se llevó a cabo el día 11 de agosto del año 2006 a las 17 y 30 horas y siendo las 17 y 42 la señora juez RECHAZA LA SOLICITUD DE PRECLUSIÓN decisión que fue apelada por la defensa, desistiendo posteriormente la misma del recurso.

A la fecha las diligencias se encuentran en indagación con indiciado en AVERIGUACIÓN sin que se haya vinculado a persona alguna.

Respecto al tiempo en que estuvo detenido el señor PALACIO este fue desde el día 2 de diciembre del 2005 a las 23 y 35 horas de la noche es

decir las 11 y 35 p.m. siendo dejado en libertad el día 3 de diciembre del 2005 a las 3 y 40 horas de la tarde. Es decir no estuvo aproximadamente 16 horas detenido. (…)”[42] (se destaca).

Al valorar entonces los elementos de acreditación obrantes en el encuadernamiento, ha de decirse que se encuentra suficientemente demostrado en el presente caso que el señor Pedro Pablo Palacio Molina fue privado físicamente de su libertad durante los días 2 y 3 de diciembre de 2005[43].

Así pues, de conformidad con las consideraciones expuestas por el fallador penal, resulta claro que la decisión proferida en favor del demandante tuvo como fundamento la ausencia de intervención del imputado en el hecho, con lo cual se configura una de las situaciones que el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 contemplaba como presupuesto para la indemnización de perjuicios por la privación injusta de la libertad.

En tales condiciones, es evidente que la privación de la libertad del señor Pedro Pablo Palacio Molina configuró para los accionantes un verdadero daño antijurídico, toda vez que no se hallaba en la obligación legal de soportar la limitación a la libertad a él impuesta en razón de las decisiones adoptadas por la Rama Judicial, todo lo cual comprometió la responsabilidad del Estado, en aplicación de lo previsto en el artículo 90 de la Carta Política.

La Sala reitera en esta oportunidad uno de los argumentos expuestos en la sentencia del 4 diciembre de 2006[44], en el sentido de que no se puede exonerar al Estado de responsabilidad cuando, a pesar de haberse dictado una medida de detención con el lleno de los requisitos que exige la ley para el efecto, se profiere posteriormente una sentencia absolutoria en la cual se

establece, finalmente, que no existe la certeza necesaria para privar de la libertad al sindicado.

Esta sola circunstancia constituye un evento determinante de privación injusta de la libertad, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculada la ahora demandante, siempre mantuvo intacta la presunción constitucional de inocencia que la amparaba y que el Estado, a través de la entidad ahora demandada, jamás desvirtuó.

Sobre el particular, debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues una decisión de la Administración de Justicia, en cabeza de la Rama Judicial, determinó que el señor Palacio Molina debía padecer la limitación de su libertad hasta que se precluyó la investigación penal a su favor; en cambio, a la entidad demandada le correspondía demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario[45].

Con fundamento en lo anterior, se confirmará la sentencia apelada en lo que tiene que ver con la declaratoria de responsabilidad de la Nación – Rama Judicial.

6. La responsabilidad de La Crónica Ltda.

En la demanda se solicitó que se declarara responsable a La Crónica Ltda., por la vulneración de los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y

dignidad del señor Pedro Pablo Palacio Molina, con ocasión de la publicación de la privación de su libertad en un diario de propiedad de la mencionada casa periodística.

En la sentencia apelada se denegaron las pretensiones de la demanda respecto de La Crónica Ltda., de conformidad con los siguientes considerandos:

“De otro lado respecto de ‘La Crónica Ltda.’ si bien en principio la información publicada el 05 de diciembre en la página 4B judicial, que se dice tomada del comunicado de prensa de la Policía Nacional, no se ajustó totalmente al prenotado comunicado de prensa.

En efecto, en la información en cita se anunció que PEDRO PABLO PALACIO M, ‘está sindicado por el delito de homicidio, así como lo expresa la solicitud hecha por el Juzgado… El arresto se dio el pasado tres de diciembre…’. Tal información no aparece en el comunicado de prensa y menos que el prenombrado señor Palacio esté sindicado o indiciado por el delito de homicidio, como atrás ya se aclaró. En la publicación del diario se agregó la sindicación por un delito.

Tal hecho, al no ajustarse al comunicado de prensa merece reproche, habida cuenta que el público lector espera que la información publicada responsa a la realidad o al menos sea conteste con la fuente de la cual se toma.

Dada la confianza que el lector deposita en una publicación periódica o diaria, tiene o acepta por cierto lo que allí se informa, anuncia o se transmite. Recuérdese que los medios de comunicación se ubican en el denominado cuarto poder de un Estado, tan es así que sus publicaciones o informaciones pueden motivar, interferir, inducir a la toma de posiciones teóricas o intelectuales, criterios, decisiones etc., por parte del lector. Es por ello que en los medios de comunicación reposa una gran responsabilidad en el ejercicio de su función de comunicar, informar o educar.

Sin embargo de lo anotado, el Tribunal considera que en el sub judice no se logra configurar daño al buen nombre, la honra o la dignidad, susceptible de ser reparado por vía de indemnización dentro de este proceso y en la forma pedida.

Ello habida cuenta que, si el daño pudo haberse causado, el mismo, fue reparado a través del mismo medio de comunicación y bajo la misma forma, aún bajo una presentación más amplia (si se alude al espacio físico que fue dedicado por el Diario ‘La Crónica Ltda.’.

En efecto, en la página 4B Judicial del 07 de diciembre de 2005 y se advirtió que la información entregada no fue actualizada por la Policía Nacional y que el señor PEDRO PABLO PALACIO, para esa fecha, ya se encontraba en libertad.

En la aclaración se dijo:

‘ACLARACIÓN.

La Crónica del Quindío aclara que la noticia publicada el pasado lunes 5 de diciembre en la página 4B Judicial y en la que se registra, por información suministrada de la Policía Quindío, la captura del señor PEDRO PABLO PALACIO de 40 años, natural de Anserma, Caldas, en el bario (sic) Montevideo de Armenia, no fue entregada de manera actualizada por la institución, a través de su oficina de prensa.

En este sentido, el día de la publicación, su detención ya había finalizado y por ello, en la actualidad el ciudadano PALACIO goza de la libertad.

Con esto, se reitera que el medio periodístico aclara la información publicada en la fecha en mención’.

Ello conlleva a establecer que el daño, fue reparado ‘in natura’, de la misma forma en que se causó; no puede entonces hoy, acudirse a reclamar una indemnización pecuniaria.

Lo anotado sin perjuicio de la forma de reclamación. Esto es que solamente se reclamó daño moral. Es por ello que respecto de la Policía Nacional y el Diario ‘La Crónica Ltda.’ habrá de denegarse las pretensiones de la demanda”.

Pues bien, en el caudal probatorio obrante en el encuadernamiento obra el original de la página 4B de un periódico local denominado La Crónica, cuya fecha de circulación fue el 5 de diciembre de 2005, en el cual se informa sobre la captura del señor Pedro Pablo Palacio Molina, así:

“CAPTURADO EN ARMENIA

La Policía Quindío gracias a sus continuos operativos para brindar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos capturó a Pedro Pablo Palacio de 40 años, natural de Anserma, Caldas y quien está sindicado por el delito de homicidio, así como lo expresa la solicitud hecha por el Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de Armenia. El arresto se dio el pasado tres de diciembre en el barrio Montevideo de Armenia”[46].

No obstante lo anterior, el 7 de diciembre de 2005 el diario La Crónica aclaró la anterior noticia, en los siguientes términos:

“ACLARACIÓN

“La Crónica del Quindío aclara que la noticia publicada el pasado lunes 5 de diciembre en la página 4B Judicial y en la que se registra, por información suministrada de la Policía Quindío, la captura del señor PEDRO PABLO PALACIO de 40 años, natural de Anserma, Caldas en el barrio Montevideo de Armenia, no fue entregada de manera actualizada por la institución, a través de su oficina de prensa.

“En este sentido, el día de la publicación, su detención ya había finalizado y por ello, en la actualidad el ciudadano PALACIO goza de la libertad.

“Con esto, se reitera que el medio periodístico aclara la información publicada en la fecha en mención”[47].

Con este panorama, se tiene que si bien el 5 de diciembre de 2005 el diario La Crónica Ltda., publicó la noticia de la captura del ahora demandante <<cuando dicho ciudadano ya se encontraba en libertad>>, lo cierto es que dos (2) días después a la citada publicación, el referido medio de comunicación rectificó la información aludida, en los términos que vienen de transcribirse.

En efecto, la Sala no puede dejar pasar desapercibida la circunstancia de que la divulgación en el diario La Crónica sobre la captura del ahora demandante le habría causado una afectación a sus derechos fundamentales a la honra y buen nombre del señor Palacio Molina, sin embargo, no es menos cierto que dicha información fue verificada casi que de manera inmediata, en el sentido de indicar que el referido hecho noticioso fue comunicado por parte de la Policía Nacional a la mencionada empresa de manera desactualizada.

A propósito de lo anterior, esta Sala ha señalado lo siguiente:

“En relación con la reparación de este perjuicio, la Sala ha aceptado que aún cuando, en principio, se debería hacer una rectificación por parte de quien informó erróneamente utilizando similares medios e igual difusión, esto sólo

es efectivo si se realiza en un período inmediato o cercano a la divulgación de la noticia, de lo contrario, podría tener un efecto contraproducente, de allí que, en estos casos la condena a una suma de dinero es lo adecuado[48]” (se destaca).

Así las cosas, esta Sala denegará las súplicas de la demanda respecto de La Crónica Ltda., por cuanto se acreditó que dicha casa periodística rectificó, de manera inmediata, la información que se había publicado sobre la captura del señor Pedro Pablo Palacio Molina.

7. Indemnización de perjuicios

7.1. Perjuicios morales

La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, a efectos de que se incrementara la indemnización por concepto de perjuicios morales.

Pues bien, el Tribunal Administrativo de primera instancia reconoció las siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales:

“Así las cosas, acudiendo al principio de equidad que tiene el fallador para ejercer su arbitrio judicial en relación con la fijación de este tipo de perjuicios inmateriales, se concederá a favor del señor PEDRO PABLO PALACIO MOLINA, en moneda nacional, de acuerdo con los lineamientos trazados por la jurisprudencia a partir de la sentencia de 6 de septiembre de 2001, el equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales.

“En lo que respecta a su cónyuge Nini Yohanna Rincón González, se reconocerá como indemnización a su favor la suma de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“En cuanto atañe a sus hijos Natalia Palacio Rincón y Juan David Palacio Gámez se dispondrá reconocer y ordenar pagar, a cada uno de ellos, el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales. Igual condena se impartirá en favor de los padres y hermana, ya prenombrados, por las razones anteriormente expuestas”[49].

La jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha manifestado que, en casos de privación injusta de la libertad, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos ha sufrido un daño antijurídico, como el que se juzga en el presente caso, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política^[50] y con base en las máximas de la experiencia, resulta suficiente para inferir que tanto el peticionario como los integrantes de su familia han padecido el perjuicio moral por cuya reparación se demanda.

En punto de lo anterior, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia respecto de la indemnización de perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad y, en consecuencia, estableció los siguientes parámetros para calcular la referida indemnización[51]:

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad.	Víctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el primer grado de consanguinidad	Parientes en el segundo grado de consanguinidad	Parientes en el tercer grado de consanguinidad	Parientes en el cuarto grado de consanguinidad y afines hasta el segundo grado	Terceros damnificados
Término de privación injusta en meses		50% del monto de la víctima directa	35% del monto de la víctima directa	25% del monto  de la víctima directa	15% del monto de la víctima directa
SMLMV
Superior a 18 meses	100	50	35	25	15
Superior a 12 meses e inferior a 18	90	45	31,5	22,5	13,5
Superior a 9  meses e inferior a 12	80	40	28	20	12
Superior a 6 meses e inferior a 9	70	35	24,5	17,5	10,5
Superior a 3  meses e inferior a 6	50	25	17,5	12,5	7,5
Superior a 1 mes e inferior a 3	35	17,5	12,25	8,75	5,25
Igual e inferior a 1 mes	15	7,5	5,25	3,75	2,25

Así las cosas, teniendo en cuenta que el señor Pedro Pablo Palacio Molina fue privado injustamente de la libertad por espacio de dieciséis (16) horas[52] y que el padecimiento moral que dicha medida le produjo a él y a sus familiares debe ser resarcido, se les reconocerán los siguientes valores por este concepto:

Demandante	Valor
Pedro Pablo Palacio Molina (Víctima directa)	15 SMLMV
Nini Yohanna Rincón González (Compañera permanente)[53]	15 SMLMV
Natalia Palacio Rincón (Hija)[54]	15 SMLMV
Juan David Palacio Gámez (Hijo)[55]	15 SMLMV
Luis Alfonso Palacio Betancur (Padre)[56]	15 SMLMV
Betty Molina de Palacio (Madre)[57]	15 SMLMV
Gloria Carmenza Palacio Molina (Hermana)[58]	7,5 SMLMV

7.2. Daño a bienes constitucionalmente protegidos

En la demanda se sustentó la mencionada pretensión en los siguientes términos:

“Que se condene a los entes demandados a pagar, a favor de los siguientes demandantes una suma de dinero equivalente a las siguientes cantidades de salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria del fallo, como indemnización por los perjuicios por el daño a la vida de relación (alteración en las condiciones de existencia) sufridos por aquellos en razón de la afectación de los derechos a la libertad, la honra, buen nombre y dignidad de los demandantes, como consecuencia de la privación injusta de la libertad, el allanamiento del domicilio y la falsa información cometidas en contra de PEDRO PABLO PALACIO MOLINA, imputable a los entes demandados”[59].

Sin embargo, en la sentencia de primera instancia se denegó el reconocimiento del referido perjuicio, habida consideración que el señor Palacio Molina estuvo privado de su libertad por espacio de “veinte (20) horas”, razón por la cual, ese corto lapso no lo imposibilitó para “realizar sus labores cotidianas que afectaren los actos exteriores del individuo y su familia”[60].

Pues bien, entiende la Sala que de conformidad con la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera de esta Corporación, que tipificó el daño inmaterial consistente en la vulneración de derechos constitucionalmente protegidos, lo que se pretende con la demanda, además de la indemnización del perjuicio moral, es la reparación de la honra y el buen nombre del señor Pedro Pablo Palacio Molina, los cuales se vieron vulnerados tras el despliegue

noticioso que se hizo de la situación jurídica por la que atravesó, derechos fundamentales consagrados en los artículos 15 y 21 de la Constitución Política^[61].

En sentencia de unificación dictada por la Sección Tercera de esta Corporación el 28 de agosto de 2014, se dijo lo siguiente^[62]:

“15.3. Al respecto la Sala reitera los criterios expuestos en la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección del 14 de septiembre de 2011, en la cual se sostuvo que esta clase de afectaciones a bienes o derechos constitucional o convencionalmente afectados deben ser reconocidos como una tercera categoría de daños inmateriales autónomos. Bajo esta óptica, se sistematizó en su momento de la siguiente manera:

‘La tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de ‘daño corporal o afectación a la integridad psicofísica’ y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación^[63]’.

“15.4. Así, en los casos de perjuicios por vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, se reafirman los criterios contenidos en la sentencia precitada^[64]. En esta oportunidad la Sala, para efectos de unificación de la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, precisa:

“15.4.1. El daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las siguientes características:

“i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.

“ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.

“iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.

“iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales. 

“15.4.2. La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos:

“(…).

“ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia. 

“iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas "de crianza", en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos.

“iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado.

“vi) Es un daño frente al cual se confirma el rol del juez de responsabilidad extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y

convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas”.

Ahora bien, aparece probado en el expediente una vulneración al buen nombre y a la honra del señor Pedro Pablo Palacio Molina, producto de un despliegue publicitario de la situación jurídica por la cual atravesó, divulgación que si bien -se insiste- fue rectificada por el diario La Crónica, lo cierto es que tal publicación le produjo una afectación de los mencionados derechos fundamentales, por cuanto tal circunstancia conllevó a que su reputación fuera puesta en duda ante la comunidad.

En efecto, el testimonio del señor José Rubén Grajales Vélez da cuenta de lo siguiente:

“Él es una persona muy reconocida en el barrio, obviamente al ser tan reconocido sí escuché murmuraciones donde cuestionaban este hecho, en esos pocos momentos que iba a mi casa a almorzar o a desayunar, si se escuchaba eso no pasó desapercibido y no pasó porque él es una persona de buen ambiente, no le he conocido problemas, sí escuché esas murmuraciones en esas ocasiones que iba a mi casa. Las murmuraciones (sic) era porque estaba detenido porque mató a una persona, a Pedro lo detuvieron porque mató a una persona en la Unión eso se escuchaba”[65] (se destaca).

A su turno, la señora Carmen Teresa Osorio Osorio expresó:

“Pues me contaron, no vi la prensa, sé que salió en la Crónica, pues no la leí, sé que los vecinos me contaron, sobre un asesinato, algo así. A Pedro Pablo lo afectó en la cuestión del trabajo él estaba recién tratando con un ingeniero a causa de que él salió en el periódico no le dio trabajo el ingeniero, él apenas estaba tratando el contrato, debido a eso no lo volvió a utilizar para el trabajo, a Pedro le tocó hablar mucho (sic) que él era inocente, a él le tocó hablar con los ingenieros en un tiempito medio se aclaró. A los demás, los (sic) afectó los comentarios de que él salió en la Crónica, en el barrio se decía que capturaron a Pedro porque había asesinado a una persona, les afectó porque Pedro era una persona callada”[66] (Se destaca).

Así las cosas, al encontrar e identificar los bienes constitucionalmente protegidos que le resultaron afectados al hoy actor, se entiende configurado el daño que en la demanda se solicitó indemnizar, razón por la cual cabe concluir que resulta procedente disponer una medida no pecuniaria para efecto de su

reparación, pues, como se dijo anteriormente, la reparación de esta tipología de perjuicio se efectúa, principalmente, a través de medidas de carácter no pecuniario y, de manera excepcional, a través del otorgamiento de una indemnización cuando aquéllas no resulten suficientes para reparar integralmente  a la víctima.

En este sentido, al observar que los derechos a la honra y al buen nombre del investigado se vieron afectados con el despliegue mediático que rodeó su vinculación al proceso penal, la Sala considera que para el presente caso resulta pertinente privilegiar la medida no pecuniaria, en punto a ordenar a la Nación – Rama Judicial que disponga la publicación de la presente providencia en un link destacado en su página web institucional, el que permanecerá allí por un término de seis meses, además de divulgar a los medios de comunicación sobre la determinación que adoptó la justicia penal respecto de la responsabilidad del investigado.

7.3. Actualización de la condena por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente

La Subsección mantendrá la condena por concepto de perjuicios materiales, puesto que, por un lado, el objeto del recurso de apelación de la parte demandante estuvo orientado, única y exclusivamente, a que se incrementara la indemnización por concepto de perjuicios morales y a que se reconociera la indemnización por concepto de “daño a la vida de relación”, por el otro, las entidades demandadas, en sus impugnaciones, no efectuaron reparo alguno frente a la condena de primera instancia, razón por la cual, tal circunstancia impide efectuar un pronunciamiento al respecto.

En tal sentido se ha pronunciado la Sala^[67]:

“Con fundamento en los argumentos expuestos, la Sala confirmará la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, el 3 de febrero del 2000, en cuanto declaró la responsabilidad de la entidad demandada por los hechos de la demanda, así como la condena por

concepto de perjuicios morales y materiales (lucro cesante); puesto que, por un lado, el objeto del recurso de apelación estuvo orientado a que se absolviera a la entidad demandada, lo cual supone la inconformidad frente a la condena patrimonial impuesta en su contra en primera instancia, en este caso la parte apelante no señaló razones o fundamentos de su inconformidad frente a ese aspecto, lo cual impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno al respecto, por carecer de elementos para realizar dicho análisis y, por otro, los mencionados perjuicios fueron acreditados con suficiente material probatorio dentro del proceso y, además, fueron debidamente establecidos por el Tribunal de primera instancia”.

Así las cosas, la condena por concepto de perjuicios materiales reconocidos en primera instancia en cuantía equivalente a $3´652.782, será actualizada, para lo cual se aplicará la fórmula utilizada reiteradamente por esta Corporación para tal efecto, a saber:

Actualización del daño emergente:

                        Índice final – abril de 2016[68] (131.28)

 Ra = $3’652.782                ---------------------------------------------------------------           

                                             Índice inicial – noviembre de 2010 (104.45)       

Ra = $4’591.069

8. No hay lugar a condena en costas

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia apelada, esto es, la dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío, el 25 de noviembre de 2010, la cual quedará así:

1. Declárase administrativamente responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL por la privación injusta de la libertad, de la cual fue objeto el señor Pedro Pablo Palacio Molina.

2. Como consecuencia de lo anterior, se condena a la NACIÓN- RAMA JUDICIAL, a pagar las siguientes indemnizaciones:

Por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas, representadas en salarios mínimos vigentes para la época de la presente sentencia:

Demandante	Valor
Pedro Pablo Palacio Molina (Víctima directa)	15 SMLMV
Nini Yohanna Rincón González (Compañera permanente)	15 SMLMV
Natalia Palacio Rincón (Hija)	15 SMLMV
Juan David Palacio Gámez (Hijo)	15 SMLMV
Luis Alfonso Palacio Betancur (Padre)	15 SMLMV
Betty Molina de Palacio (Madre)	15 SMLMV
Gloria Carmenza Palacio Molina (Hermana)	7,5 SMLMV

Por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente para el señor Pedro Pablo Palacio Molina la suma de $4’591.069.

3. Ordénase a la Nación – Rama Judicial que, a fin de reparar el daño causado a los bienes constitucionalmente protegidos, disponga la publicación de la presente providencia en un link destacado en su página web institucional, el que permanecerá allí por un término de seis meses, además de divulgar a los medios de comunicación sobre la determinación que adoptó la justicia penal respecto de la responsabilidad del investigado.

4. Se deniegan las demás súplicas de la demanda.

5. Sin condena en costas.

SEGUNDO: CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

TERCERO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del

Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNÁN ANDRADE RINCÓN

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO  CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

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[1] Fls. 468-523 cuad. ppal.

[2] Fls. 270-271 cuad. 1.

[3] Fl. 271 vto. cuad. 1.

[4] Fls. 275-282 cuad. 1.

[5] Fls. 257-259 cuad. 1.

[6] Fls. 279-294 cuad.1.

[7] Fls. 302-307 cuad. 2.

[8] Fls. 380-386 cuad. 2.

[9] Fl. 385 cuad. 2.

[10] Fl. 331 cuad. 2.

[11] Fls. 406-410 cuad. 2.

[12] Fl. 426 cuad. 2.

[13] Fls. 427-462 cuad. 2.

[14] Fls. 468-523 cuad. ppal.

[15] Fls. 468-523 cuad. ppal.

[16] Fls. 559-560 cuad. ppal.

[17] Fls. 543-547 cuad. ppal.

[18] Fl. 582 cuad. ppal.

[19] Fl. 584 cuad. ppal.

[20] Fl. 585-591 cuad. ppal.

[21] La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

[22] Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308  de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”

[23] Al respecto consultar, por ejemplo, Sentencia del 14 de febrero de 2002. Exp: 13.622. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. Dicho criterio ha sido reiterado por la Subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, Exp: 21801, así como por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, Radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), Consejero Ponente (E): Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

[24] Se advierte que dicha decisión se adoptó en audiencia celebrada el 3 de octubre de 2006 y, contra ella NO se presentó en impugnación alguna, razón por la cual, en el numeral quinto del acta respectiva se señaló: “Como quiera que no se interpuso recurso se declara en firme la decisión” (fl. 151 cuaderno de pruebas).

[25] Proceso No. 660012331000200800256 01 (38.524).

[26] “En los procesos Contencioso Administrativos la Nación estará representada por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho”.

[27] “(…) Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial:

“8. Representar a la Nación – Rama Judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados judiciales”.

[28] En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el 8 de julio del 2009, Exp. 17.517, del 23 de abril de 2008, Exp. 17.534 y del 15 de abril de 2010, Exp. 18.284, entre otras, todas con ponencia del Consejero, Doctor Mauricio Fajardo Gómez, Sentencia de 30 de abril de 2014, Exp. 38.276 M.P. Doctor Hernán Andrade Rincón.

[29] Finalidades de la Ley 906 de 2004, Sentencia C – 591 del 9 de junio del 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

[30] Sentencia C – 591 del 9 de junio del 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

[31] Fl. 338 cuaderno de pruebas.

[32] Fls. 48-51 cuad. 1.

[33] Fl. 64 cuad. 1.

[34] A folio 70 del cuaderno 1 obra el acta de derechos del capturado.

[35] Medio magnético de la audiencia preliminar obrante a folio 36 del cuaderno de pruebas.

[36] A folio 77 del cuaderno 1 obra control a las audiencias preliminares, en la cual se dejó constancia de la siguiente información: “Habiéndose iniciado la respectiva audiencia, se allegó información por parte de policía judicial SIJÍN, que el testigo de los hechos y con los cuales se realizó reconocimiento en fotografías, el cual fue la base para la solicitud de orden de captura, al observar al indiciado capturado cuando lo traían a la audiencia, manifestó que no era aquel que disparó contra su hermano. Como éste al momento era el único testigo con el cual se podría demostrar la probable autoría y responsabilidad penal, la Fiscal decide no hacer imputación ni solicitar medida”.

[37] Medio magnético de la audiencia de que trata el artículo 333 de la Ley 906 de 2004.

[38] Artículo 333 de la Ley 906 de 2004: “Previa solicitud del fiscal el juez citará a audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, en la que se estudiará la petición de preclusión.

Instalada la audiencia, se concederá el uso de la palabra al fiscal para que exponga su solicitud con indicación de los elementos materiales probatorios y evidencia física que sustentaron la imputación, y fundamentación de la causal incoada. (…)”.

[39] Artículo 332: El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos: “(…). 5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado”.

[40] Fls. 146-149 cuaderno de pruebas.

[41] Fls. 148-149 cuad. 1.

[42] Fls. 39-44 cuaderno de pruebas.

[43] Se insiste en que el proceso penal se surtió con vigencia de la Ley 906 de 2004.

[44] Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Mauricio Fajardo Gómez, Expediente No. 13168.

[45] Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 17.517 y del 15 de abril de 2010, Exp. 18.284, entre otras.

[46] Fl. 93 cuad. 1.

[47] Fl. 184 cuad. 1.

[48] “En lo que atañe a la reparación del perjuicio y tratándose, concretamente, de la vulneración del derecho a la honra, se ha aceptado que ella se realiza mediante la rectificación efectuada por quien distribuyó la información errónea, utilizando los mismos medios y con una difusión similar. Así las cosas, habría sido procedente, en principio, ordenar que la rectificación se efectuara en debida forma, por parte del director del D.A.S.; sin embargo, para efectos de establecer el contenido de la condena por imponer, el juez debe buscar, en cada caso, el mecanismo que, de mejor manera, garantice la reparación del daño causado, y en el que hoy se resuelve, es necesario tomar en consideración que la rectificación debe efectuarse, normalmente, dentro de un período determinado, a fin de garantizar la compensación efectiva del perjuicio, dado que, cuando ha pasado mucho tiempo, el recuerdo de un hecho que ha dejado de ser actual podría tener en la ciudadanía un efecto contraproducente.  Los hechos objeto del presente proceso ocurrieron hace casi nueve años, de manera que, en opinión de la Sala, la condena en dinero constituye la solución más apropiada.” Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia proferida el 25 de enero de 2001, expediente 11.413. C.P. Alier Hernández Enríquez.

[49] Fls. 517-518 cuad. ppal.

[50] “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”.

[51] Consejo de Estado, sección tercera. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Exp. 36.149. Actor: José Delgado Sanguino y otros.

[52] El señor Pedro Pablo Palacio Molina fue capturado el 2 de diciembre de 2005 a eso de las 23:35 y fue dejado en libertado el día 3 de los mismos mes y año durante el desarrollo de la audiencia de legalización de la captura que se llevó a cabo a las 15:40.

[53] Testimonio de los señores José Rubén Grajales Vélez y Carmen Teresa Osorio Osorio (fls. 105-113 cuaderno de pruebas) dan cuenta de que la señora Nini Yohanna Rincón González es la compañera permanente del señor Pedro Pablo Palacio Molina.

[54] Fl. 28 cuad. 1. Registro civil de nacimiento.

[55] Fl. 29 cuad. 1. Registro civil de nacimiento.

[56] Fl. 27cuad. 1. Registro civil de nacimiento del señor Pedro Pablo Palacio Molina.

[57] Fl. 27 cuad. 1. Registro civil de nacimiento del señor Pedro Pablo Palacio Molina.

[58] Fl. 30 cuad. 1. Registro civil de nacimiento.

[59] Fl. 8 cuad. 1.

[60] Fl. 520 cuad. ppal.

[61] -“ARTÍCULO   15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. (…).

-“ARTÍCULO  21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección”.

[62] Consejero Ponente: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Radicación número: 05001-23-25-000-1999-01063-01 (32988). Actor: Félix Antonio Zapata González y otros. En este fallo se efectuaron las siguientes citas:

[63] “Consejo de Estado, sentencia de Sala Plena del 14 de septiembre de 2011, rad. 19031 y 38222, M.P. Enrique Gil Botero.

[64] “Para efectos de apreciar la línea de evolución de los perjuicios inmateriales, se destacan las siguientes providencias: la sentencia de julio 3 de 1992, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, concedió por primera vez en la Jurisdicción Contencioso administrativa un perjuicio inmaterial, distinto del moral, identificado con el nombre de daño fisiológico, con el que se hace referencia a la pérdida de la posibilidad de realizar actividades vitales que, aunque no producen rendimiento patrimonial, hacen agradable la existencia. El Consejo de Estado -Sección Tercera- en sentencia del 1º de julio de 1993 –rad. 7772, M.P. Daniel Suárez Hernández-, respaldó la anterior tesis, la cual fue reiterada en el fallo del 6 de mayo de 1993 - rad. 7428, M.P. Julio Cesar Uribe- Acosta, en la que se precisó que esta categoría es una especie de resurrección del hombre ‘abatido por los males del cuerpo, y también por los daños que atacan el espíritu, [se] orienta [a] la indemnización del daño fisiológico o la vida de relación’. En sentencia del 25 de septiembre de 1997 – rad. 10421, M.P. Ricardo Hoyos Duque, la Sección Tercera cambió la expresión ‘perjuicio fisiológico’ por el concepto de ‘perjuicio de placer’, asimilándolo al de ‘daño a la vida de relación’.

Más tarde, en sentencia del 19 de julio de 2000 -rad. 11842, M.P. Alier Hernández Enríquez, precisó que este de daño de orden inmaterial debía denominarse ‘daño a la vida de relación’, por cuanto se trata de un concepto más adecuado que el ‘perjuicio fisiológico’: ‘el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre’, afectación inmaterial que puede tener origen en una lesión física o corporal, como también, por ejemplo, en una acusación calumniosa o injuriosa, en la discusión del derecho al uso del propio nombre o la utilización de este por otra persona, en un sufrimiento muy intenso o, incluso, en un menoscabo al patrimonio o una pérdida económica. Se debe recordar que en pretérita ocasión, antes de la Constitución Política de 1991, la Corte Suprema de Justicia tuvo la oportunidad de acoger el término ‘daño a la persona’, para señalar que consiste en un ‘(…) desmedro a la integridad física o mental, o en injuria al honor, la libertad o la intimidad’, sentencia de abril 4 de 1968, M.P. Fernando Hinestrosa. Precisó la providencia que un daño puede dar origen a múltiples consecuencias, algunas de ellas de carácter patrimonial o de linaje diverso que pueden repercutir en el equilibrio sentimental o quebrantos transitorios o definitivos, más o menos graves, en la vida de relación del sujeto. El primero, hace referencia al daño emergente y lucro cesante. El segundo, se identifica con el perjuicio de carácter moral, que incide o se proyecta en el fuero interno de la persona, al generar sensaciones de aflicción, congoja, desilusión, tristeza, pesar, etc. Y el tercero, es el denominado daño a la vida de relación, que se traduce en afectaciones que inciden en forma negativa sobre su vida exterior, concretamente, en su ‘actividad social no patrimonial’.

‘Posteriormente, en decisiones de 15 de agosto  y 18 de octubre  de 2007 -rad. 2002-00004-01(AG) y 2001-00029-01(AG)- la Sección Tercera cambió su denominación y lo denominó ‘alteración grave a las condiciones de existencia’, la cual se acredita respecto de las condiciones de existencia previas, con las características de ser graves, drásticas y extraordinarias: ‘[E]n esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha venido utilizando -en ocasiones de manera inadecuada o excesiva- para acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no sólo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado Social de Derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1° de la Constitución Política (…) El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial -que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral-, que, desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones’.

“Finalmente, las providencias de 14 de septiembre de 2011 – rad. 19.031 y 38.222, antes citadas, sistematizaron la tipología de los daños inmateriales, así: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico), cuando se deriva de una lesión corporal y iii) daños a bienes constitucionales.

[65] Fl. 107 cuaderno de pruebas.

[66] Fls. 110-111 cuaderno de pruebas.

[67] Sentencia de abril 15 de 2011, exp. 18.284.

[68] Último conocido.