ABSTRACT
"The statute of limitations for the recovery of wages , benefits , compensation and compensation for accidents at work for both private sector workers and workers in the service of the state is three years".
(Colombia)
EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN PARA EL COBRO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES E
INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO TANTO PARA TRABAJADORES DEL SECTOR
PRIVADO COMO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO ES DE TRES AÑOS
(Colombia)
Con todo, interesa recordar
que para la jurisprudencia de la Corte, los plazos de los términos
prescriptivos empiezan a correr, como lo dice expresa, explícita e
inequívocamente la ley, desde cuando las obligaciones se hacen exigibles
(verbigracia, artículos 488 Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social) y la exigibilidad de las obligaciones
se predica desde cuando estando sometidas a plazo o condición, acaece aquél o
se cumple ésta, es decir, desde cuando sean puras y simples. Para ese efecto,
basta traer a colación lo asentado por la Corte en sentencia de 14 de ago. de
2012, rad. 41.522, en los siguientes términos:
Los
estatutos propios de los trabajadores oficiales, que consagran los derechos
reclamados por la demandante, se encuentran establecidos entre otras normas, en
el Decreto Ley 3135 de 1968 y en su reglamentario 1848 de 1969. Luego, la
normativa pertinente en materia de prescripción, se halla en el artículo 41 del
primero de los citados y en el 102 de su Decreto Reglamentario.
Las citadas
normas, disponen:
«Artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968,
consagra:
‘Las
acciones que emanan de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en
tres años contados desde que la respectiva obligación
se haya hecho exigible. El simple reclamo del escrito del empleado o
trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción pero solo por una lapso
igual’.»
«Por su parte el artículo 102 del Decreto
Reglamentario 1848 de 1969, enseña:
‘1. Las acciones que emanan de los derechos
consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres
(3) años, contados a partir de la fecha
en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2.
El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual’.
De
manera que se equivocó el ad quem al dilucidar exclusivamente el asunto en
litigio bajo la égida del artículo 488
del C.S.T., porque la verdad es que debió ventilarse a la luz de las
disposiciones propias de los trabajadores oficiales, dislate que, no obstante,
no tiene la entidad suficiente para quebrar la sentencia, en ese puntual
aspecto, porque de todas maneras se arribaría a la misma conclusión del Tribunal,
esto es, a la prescripción trienal de los derechos laborales en discusión.
Ahora
bien, la precisión normativa precedente impone aclarar que también es acertado
elucidar el asunto en los términos del artículo 151 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, porque tal y como lo
explica la jurisprudencia de la Corte Constitucional[1]
y la del Consejo de Estado[2], cuando esa disposición se
refiere a la prescripción trienal de los derechos que emanen de las “leyes
sociales”, debe entenderse que cobija también a los servidores públicos, pese a
que su régimen laboral esté previsto en sus propios estatutos, porque esas
leyes, - las sociales-, abarcan el tema laboral, sin importar el status de
trabajador oficial o de empleado público.
En efecto, dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-
745 del 6 de octubre de 1999, en referencia al artículo 4º del C.S.T. de cuyo
contenido emana que las disposiciones contenidas en esa codificación no se
aplican a los servidores públicos, concretamente en lo que al fenómeno de la
prescripción corresponde, lo siguiente:
«(…) Sin embargo, ese razonamiento no es de
recibo, como quiera que el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral
expresamente señala el término de prescripción para ‘las acciones que emanen de
las leyes sociales’. Así pues, las leyes sociales no sólo son aquellas que
rigen relaciones entre particulares, sino que son las normas que regulan el
tema laboral, por lo que es una denominación referida a la relación de
subordinación entre patrono y trabajador y no a su status.
“En efecto, la
interpretación que, en reiteradas oportunidades, ha realizado el Consejo de
Estado, también sostiene que el término de prescripción para el cobro de
salarios e indemnizaciones por accidentes de trabajo para los trabajadores al
servicio del Estado es el que consagran los artículos 488 del CST, 151 del CPL
y 41 del Decreto 3135 de 1968, esto es, un término de tres años para todos los
casos, pues ‘la prescripción establecida en el citado artículo 151 [del
Código de Procedimiento Laboral] se refiere a las acciones que
emanen de las leyes sociales, en un sentido general, lo que quiere decir que
comprende no sólo las acciones que se refieren a los trabajadores particulares
sino también a los que amparan a los servidores oficiales».
Así pues que los
derechos laborales de la demandante, dada su condición de trabajadora oficial
del ISS, podrían verse afectados por el fenómeno de la prescripción trienal.
Sin embargo, tal
afectación no se configuró porque conforme a la normativa antes trascrita, el término prescriptivo comienza a contabilizarse a “partir de la fecha en
que la respectiva obligación se haya hecho exigible”, esto es, desde el 31 de
enero de 2000, data en la que concluyó el contrato de trabajo judicialmente
declarado en las instancias, lo que en principio, permitiría inferir que el
plazo para activar el aparato judicial venció el mismo día y mes de 2003.
No obstante, ello no fue así, porque el término se interrumpió “por un
lapso igual”, desde el 28 de enero de 2003, quedando facultada legalmente la
demandante para impetrar la acción judicial dentro de los tres años siguientes,
es decir hasta el 28 de enero de 2006.
En este orden de
ideas, como quiera que la demanda, tal y como lo estableció el Colegiado, y no
es objeto de discusión en sede de casación, se formuló el 3 de febrero de 2003,
mucho antes de que venciera el “nuevo” lapso de tres años que
consagran los artículos 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, 102 del Decreto 1848
de 1969 y 151 del C.P.L. y de la S.S., los derechos laborales de la accionante
derivados del contrato realidad, que fueron reclamados en tiempo, tanto en vía
administrativa como en la judicial, y por consiguiente no se encuentran
prescritos.
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL
LUIS GABRIEL MIRANDA
BUELVAS
Magistrado Ponente
SL3169-2014
Radicación N° 44069
Acta N°. 008
Bogotá, D.C., doce
(12) de marzo de dos mil catorce (2014).
[1] Corte Constitucional, Sentencia C-745 del 6 de
octubre de 1999, Referencia: Expediente D-2391,
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º (parcial) de la Ley 165 de 1941.Actor: David
López Suárez. M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[2]
Pueden consultarse, entre otras, las sentencias de la
sección segunda del Consejo de Estado del 28 de marzo de 1960, del 24 de
febrero y julio 1 de 1961, del 21 de septiembre de 1982, del 2 de diciembre de
1982. Igualmente, la sentencia del 19 de noviembre de 1982 de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. M. P. Dr.
Carlos Betancur Jaramillo.
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