De conformidad con la Sentencia SL014-2024 sus obligaciones se resumen así:
Información necesaria,
Asesoría y buen consejo y
Sentencia SL014-2024
Las entidades administradoras de fondos de pensiones están obligadas, desde su fundación, a cumplir con el deber de proporcionar a los afiliados información suficiente, transparente, cierta y oportuna. Esta información debe permitir al afiliado elegir entre las distintas opciones disponibles la que mejor se ajuste a sus intereses personales y financieros. La importancia de esta obligación radica en garantizar que la afiliación a los fondos de pensiones sea una decisión libre y voluntaria, fundamentada en el respeto a las personas. Además, esta obligación se inscribe dentro de los principios de prevalencia del interés general, transparencia, y buena fe, propios de la prestación de un servicio público.
Adicionalmente, se ha evolucionado el deber de información que tienen a su cargo las administradoras de pensiones hacia un modelo que incluye no solo la provisión de información necesaria sino también la oferta de asesoría y buen consejo, así como la implementación de un sistema de doble asesoría. Este modelo busca reforzar la capacidad de los afiliados para tomar decisiones informadas respecto a su pensión, mediante:
1. Información necesaria: Las administradoras deben asegurar que los afiliados reciban toda la información relevante sobre las opciones de inversión, los riesgos asociados, las expectativas de rentabilidad, y los costos involucrados.
2. Asesoría y buen consejo: Va más allá de la mera entrega de información, implicando una orientación personalizada que tenga en cuenta las circunstancias individuales del afiliado, sus objetivos de inversión, y su perfil de riesgo.
3. Doble asesoría: Este concepto implica que, además de la asesoría proporcionada por la entidad administradora, se recomienda que el afiliado busque una segunda opinión independiente para validar o complementar la información y asesoramiento recibidos.
Este conjunto de obligaciones refleja un esfuerzo normativo y jurisprudencial por proteger los derechos de los afiliados, asegurando que estos cuenten con todos los elementos necesarios para tomar decisiones informadas y adecuadas respecto a su futuro pensional. (Sentencia SL014-2024)
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