ES PROCEDENTE LA HOMOLOGACIÓN EN COLOMBIA, DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO PROFERIDA EN ARGENTINA?

ES PROCEDENTE LA HOMOLOGACIÓN EN COLOMBIA, DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO PROFERIDA EN ARGENTINA?

Sí es procedente.

Mediante sentencia del 24 de octubre de 2011, la sala de casación civil de la corte suprema de justicia, concedió exequátur a la sentencia de divorcio del matrimonio civil celebrado en Buenos Aires entre una colombiana y un argentino, quienes luego de estar  separados por un lapso superior a los tres años, solicitaron de común acuerdo el divorcio ante juzgado de Buenos Aires, el cual fue concedido.

Para tomar la decisión, la Corte Suprema tuvo en cuenta el postulado que establece: “Las  sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los  tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia”

Agregó que en esa dirección, resulta evidente que las decisiones judiciales o aquellas que tengan tal carácter, son susceptibles de generar efecto en el país, siempre y cuando reúnan las exigencias previstas en la norma precitada. Y, ciertamente, como allí mismo aparece previsto, la homologación reclamada, si bien deviene procedente, está condicionada ya a la existencia de la reciprocidad diplomática ora a la legislativa, punto sobre el cual ha asentado la  Corte en variadas ocasiones, lo que sigue: “…en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera  para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia…” (G. J. t. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309, entre otras).

La Corte constató que entre la República de Argentina, país del cual dimana la sentencia a validar y la República de Colombia, existe tratado multilateral vigente alusivo a la ejecución recíproca de sentencias, concretamente, la “Convención Interamericana sobre eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros”, adoptada en Montevideo el 8 de mayo de 1979, a la cual adhirieron las dos naciones.

Dicha convención, sin duda, para el presente caso, contempla la posibilidad de que la decisión judicial extranjera, prohijada por el juez argentino, sí puede surtir efectos en Colombia, pues, las exigencias que siguen, fueron cumplidas cabalmente.

Agregó la Corte que:  las causas que condujeron al rompimiento del vínculo matrimonial, esto es, el mutuo acuerdo de los cónyuges alrededor de la separación por el lapso establecido en la legislación pertinente, según fue atestado en la providencia foránea, no se opone ni en lo formal ni en lo sustancial a las disposiciones colombianas,  dado que en el país procede el divorcio por la misma causa, esto es, la separación de los consortes por tiempo superior a dos años, como así lo establece nuestro Código Civil colombiano.

Además, las partes convinieron, de común acuerdo, la cuota alimentaria de la menor y la tenencia de ella, lo que el juez extranjero aprobó y así quedó registrado en el fallo emitido.

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                           CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL

Magistrado Ponente:

PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA

Bogotá D. C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil once (2011).

Ref: Exp. No. 11001 0203 000 2011 00234 00

Decídese sobre la solicitud de exequátur presentada a instancia de la  señora OLGA LUCIA FORERO UJUETA, respecto de  la sentencia de divorcio que el 22 de octubre de 2007, profirió el Juzgado en lo Civil No. 92 sito en Lavalle, de Buenos Aires– ARGENTINA-.

ANTECEDENTES

1.         A través de la pertinente demanda, aducida por intermedio de apoderada judicial, la precitada señora pidió que la providencia extranjera por cuya virtud la respectiva autoridad judicial, el 22 de octubre de 2007, declaró disuelto el matrimonio contraído con el señor CARLOS MARCELO DI LAUDO, sea homologada.

2.       La promotora del exequátur expuso los siguientes hechos como fundamento de su petición:

2.1.     El 25 de septiembre de 2002, ante el funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, en Buenos Aires, República de Argentina, ella se unió en matrimonio civil con el señor Carlos Marcelo Di Laudo. De este vínculo, el 22 de octubre de 2003, nació la menor llamada Sofía.

2.2.          Los cónyuges, de común acuerdo, estuvieron separados por un lapso superior a los tres años; luego, también de manera concertada, concurrieron ante la autoridad civil,  concretamente, el Juzgado 92, localizado en Buenos Aires y demandaron el divorcio vincular, pretensión que, efectivamente, les fue concedida a través de la decisión de 22 de octubre de 2007.

2.3.     En esta providencia fue homologado el acuerdo de los consortes sobre alimentos y la tenencia de la descendencia habida.

3.     La libelista afirmó que existen las condiciones para la concesión del exequátur pedido, habida cuenta que el motivo que determinó el divorcio, esto es, el común acuerdo de los cónyuges, luego de una separación superior al lapso referido en precedencia (tres años), coincide con la normatividad civil colombiana; además, la decisión proferida por el funcionario extranjero no es del resorte exclusivo de los jueces colombianos; tampoco existe pleito pendiente en la República de Colombia sobre los mismos hechos; y, por último, la sentencia foránea se encuentra ejecutoriada, como así se desprende de la constancia dejada en el mismo fallo (folio 11 vuelto).

4.    Una vez se constató la existencia de la totalidad de los requisitos exigidos para esta clase de asuntos, la demanda fue admitida y, por así disponerlo la ley, se dio en traslado tanto de la Defensoría del Menor (folios 22, 24 a 28), como del Ministerio Público (folios 23, 30 a 36); una y otro adujeron sendos escritos. Agotada esta etapa, sobrevino el  periodo probatorio (folios 38 y 39); posteriormente,

cumplida dicha fase y, por un término común de cinco días, las partes fueron convocadas a presentar sus alegaciones finales (folio 42), oportunidad de la que hizo uso, únicamente, la promotora de la demanda, insistiendo en la procedencia del exequátur solicitado.

Fenecido, así, el trámite reservado para esta especie de asuntos corresponde, entonces, determinar la viabilidad de la homologación peticionada.

CONSIDERACIONES

1.    En materia de validación de fallos extranjeros, el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil patrio establece: “Las  sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los  tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia”

2.      En esa dirección, resulta evidente que las decisiones judiciales o aquellas que tengan tal carácter, son susceptibles de generar efecto en el país, siempre y cuando reúnan las exigencias previstas en la norma precitada. Y, ciertamente, como allí mismo aparece previsto, la homologación reclamada, si bien deviene procedente, está condicionada ya a la existencia de la reciprocidad diplomática ora a la legislativa, punto sobre el cual ha asentado la  Corte en variadas ocasiones, lo que sigue: “…en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera  para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las

proferidas en Colombia…” (G. J. t. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309, entre otras).

3.       Ahora, evocando el tema objeto de estudio, pudo establecerse que entre la República de Argentina, país del cual dimana la sentencia a validar y la República de Colombia, existe tratado multilateral vigente alusivo a la ejecución recíproca de sentencias, concretamente, la “Convención Interamericana sobre eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros”, adoptada en Montevideo el 8 de mayo de 1979, a la cual adhirieron las dos naciones. Tal atestación, con la documentación respectiva,  aparece emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (folios 4 a  9).

Dicha convención, sin duda, para el presente caso, contempla la posibilidad de que la decisión judicial extranjera, prohijada por el juez argentino, sí puede surtir efectos en Colombia, pues, las exigencias que siguen, fueron cumplidas cabalmente.

i)    La sentencia objeto de homologación está ejecutoriada; además, no  trasgredió el orden público nacional.

ii)      Igualmente, la vinculación y juzgamiento de quienes intervinieron en ese trámite, dado que lo fue de manera concertada, observó la plenitud de las formas del debido proceso.

iii)    El asunto decidido no está sometido a litispendencia o con respecto a el  puede invocarse la cosa juzgada.

iv)    El tema vinculado a la sentencia extranjera no resulta ser del conocimiento exclusivo de los jueces colombianos o argentinos.

4.   Agrégase que las causas que condujeron al rompimiento del vínculo matrimonial, esto es, el mutuo acuerdo de los cónyuges alrededor de la separación por el lapso establecido en la legislación pertinente, según fue atestado en la providencia foránea, no se opone ni en lo formal ni en lo sustancial a las disposiciones colombianas,  dado que en el país procede el divorcio por la misma causa, esto es, la separación de los consortes por tiempo superior a dos años, como así lo establece el art. 154 del Código Civil, numeral 9º modificado por el art. 6º de la Ley 25 de 1992.

Además, las partes convinieron, de común acuerdo, la cuota alimentaria de la menor y la tenencia de ella, lo que el juez extranjero aprobó y así quedó registrado en el fallo emitido.

5.    Refulge, entonces, que las exigencias que incorporan los artículos 693 y 694 del Código de Procedimiento Civil y las demás normas concordantes, con miras a la homologación reclamada fueron cumplidas cabalmente y, por ello, es procedente conceder efecto jurídico a la sentencia de divorcio reseñada y, subsecuentemente, ordenar la inscripción en el respectivo  registro del estado civil.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONCEDER el exequátur conforme a lo expresado en la parte motiva de esta decisión, a la sentencia de divorcio del matrimonio

civil entre la señora OLGA LUCIA FORERO UJUETA y el señor CARLOS MARCELO DI LAUDO, adoptada el 22 de octubre de 2007, por el Juzgado en lo civil No. 92 sito en Lavalle, de Buenos Aires– ARGENTINA-.

Para los efectos previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el artículo 13 del Decreto 1873 de 1971, ordénase la inscripción de esta providencia junto con la sentencia reconocida, tanto en el folio correspondiente al registro civil del matrimonio como en el de nacimiento de la cónyuge. Por Secretaría líbrense las comunicaciones pertinentes.

Sin costas en la actuación.

Notifíquese.

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA

WILLIAM NAMÉN VARGAS

ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ