el
decreto oficioso de pruebas constituye una manifestación del deber de juez de
indagar la verdad de los hechos antes de tomar una decisión determinada, con
pleno sustento en la adopción de la forma política del Estado Social de
Derecho, en donde el juez deja de ser un frío funcionario que aplica
irreflexivamente la ley, para adoptar el papel de garante de los derechos
materiales[1].