Confirmación de las sanciones de
OFAC contra Gustavo Petro
El Departamento del Tesoro de
EE. UU., a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyó
oficialmente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la lista de
sancionados el 24 de octubre de 2025, junto con su esposa Verónica Alcocer,
su hijo Nicolás Petro y un estrecho aliado (Armando Benedetti)[1]. Esta acción se enmarca en
sanciones antinarcóticos dispuestas por la administración de Estados
Unidos, las cuales congelan cualquier acceso de estas personas a bienes en
EE. UU. y bloquean su capacidad de realizar transacciones con
entidades estadounidenses[2]. En otras palabras, Petro y sus
allegados fueron designados como nacionales especialmente designados en
la llamada Lista OFAC (conocida informalmente en Colombia como Lista
Clinton), lo que marca un hecho sin precedentes diplomáticos entre
Colombia y EE. UU.[3] al sancionarse a un presidente en
ejercicio.
¿Qué es la lista OFAC o “Lista Clinton”?
La Lista Clinton es el nombre informal para la lista de Nacionales
Especialmente Designados (SDN) que administra la OFAC del Departamento del
Tesoro de EE. UU.[4]. Fue creada en 1995 bajo el gobierno de Bill Clinton con el propósito
inicial de golpear financieramente a los carteles de la droga
latinoamericanos, bloqueando sus bienes y sus actividades económicas[5]. Con el tiempo, la lista se ha ampliado para incluir también a políticos,
empresarios u organizaciones de cualquier parte del mundo que representen
una amenaza significativa para la seguridad o economía de EE. UU.[6]. Las razones para ser incluido en la lista siempre están vinculadas
a actividades ilícitas o riesgosas para los intereses estadounidenses[7]. Entre las causas más comunes se encuentran: narcotráfico, lavado
de activos, apoyo al terrorismo o a regímenes sancionados, corrupción,
violaciones graves de derechos humanos, desvío de fondos públicos, así como
participación en redes de tráfico de armas, personas o contrabando[7]. En el caso de Gustavo Petro, la OFAC justificó su inclusión alegando “falta
de acción frente al narcotráfico” y el aumento récord de la producción de
cocaína durante su gobierno[8], en el marco de la política estadounidense de no tolerar que drogas
ilícitas inunden su territorio. Cabe señalar que la inclusión en esta lista
no es arbitraria ni instantánea, sino que suele derivar de investigaciones
de inteligencia financiera y decisiones legales bajo leyes estadounidenses
específicas (como órdenes ejecutivas) para sancionar a quienes se considera
incursos en esas conductas.
Consecuencias económicas y financieras de estar en la lista OFAC
Congelamiento de activos financieros. Estar en
la lista OFAC conlleva inmediatas sanciones económicas y comerciales de aplicación
inmediata[9]. En términos prácticos, todos los bienes, cuentas bancarias y
activos que la persona sancionada tenga bajo jurisdicción de EE. UU.
quedan bloqueados o congelados[10][11]. Por ejemplo, cualquier cuenta bancaria o inversión en dólares
a nombre de Gustavo Petro o de los otros designados en territorio
estadounidense, o en bancos que operen en EE. UU., es congelada.
Asimismo, se prohíbe a cualquier ciudadano, empresa o institución financiera
estadounidense realizar transacciones con los sancionados[12]. Esto implica que no pueden recibir fondos ni pagos de personas
o empresas de EE. UU., ni enviar dinero a través del sistema
financiero estadounidense. En la práctica, redes globales de pago como Visa,
Mastercard o PayPal, al ser compañías de EE. UU., deben bloquear las
tarjetas o cuentas asociadas a individuos sancionados, impidiéndoles usar
tarjetas de crédito o débito en la mayoría de países. Del mismo modo, cualquier
negocio internacional que requiera transferencias en dólares estadounidenses
quedaría vetado para quienes están en la lista, pues las transacciones en
USD pasan por bancos corresponsales en EE. UU. y serían detenidas
automáticamente.
Otro efecto es que empresas o entidades donde el sancionado tenga
participación mayoritaria (50% o más) también quedan bloqueadas por
extensión[13]. Por ejemplo, si una persona en la lista OFAC es dueña mayoritaria de
una compañía, dicha compañía entra en la lista de bloqueos: sus cuentas pueden
congelarse y nadie en EE. UU. puede hacer negocios con ella. Aunque en
este caso Petro es un funcionario público (no un empresario con compañías
propias), el principio aplica para sus familiares designados: cualquier
empresa donde su esposa, su hijo o Benedetti posean más del 50% de las acciones
también estaría automáticamente bloqueada[13]. Además, personas o bancos extranjeros que intenten ayudar a los
sancionados a evadir estas restricciones pueden exponerse a sanciones
secundarias: es decir, la OFAC podría también penalizarlos, perdiendo su
acceso al sistema financiero de EE. UU.[14]. Esto provoca un aislamiento financiero global: incluso bancos o
socios de terceros países suelen rehuir cualquier vínculo con alguien en la
Lista Clinton, por temor a represalias o pérdida de acceso a EE. UU.
En síntesis, las consecuencias financieras son devastadoras para la
vida económica de los sancionados. No pueden abrir ni usar cuentas en la
mayoría de bancos internacionales, pierden acceso a créditos, inversiones o
seguros con componente estadounidense, no pueden usar servicios bancarios
básicos (pagar con tarjeta, hacer giros internacionales, etc.), y sus
activos quedan inmovilizados si están al alcance de la red de cumplimiento
de sanciones de EE. UU.[12]. Estas medidas buscan aislar económicamente a la persona,
impidiendo que obtenga beneficios financieros y presionándola a cambiar de
comportamiento.
Impacto legal, migratorio y restricciones de viaje
Más allá del ámbito financiero, estar en la lista OFAC conlleva
repercusiones legales y migratorias significativas. En cuanto a visados
y viajes, las personas incluidas en este listado ven canceladas
cualquier visa vigente para ingresar a Estados Unidos y no pueden obtener
nuevas mientras permanezcan sancionadas[15]. De hecho, tras la designación en la Lista Clinton, Gustavo Petro
no podría viajar a EE. UU. ni siquiera como turista o por asuntos
personales, ya que su visa estadounidense quedaría revocada y prohibida su
expedición[15]. En el caso particular de Petro, su visa ya había sido revocada
previamente por el Departamento de Estado debido a incidentes diplomáticos
pasados, pero la sanción OFAC ratifica y fortalece esa prohibición de
entrada. Incluso si un sancionado tiene doble nacionalidad que le
permitiría en teoría entrar a EE. UU. bajo el programa de exención de visa
(ESTA), la inclusión en la lista Clinton anula esa posibilidad –
es decir, los sistemas de inmigración lo rechazarán al estar en la lista negra[16].
Adicionalmente, surgen trabas para viajar o hacer tránsito por
países aliados de EE. UU.: si bien la sanción de OFAC es una medida de
EE. UU., en la práctica muchos otros países pueden negar visas o
entradas a individuos sancionados por solidaridad política o por tener
acuerdos de cooperación (por ejemplo, la Unión Europea en ocasiones sincroniza
sanciones similares). Por otro lado, en foros multilaterales surge una
salvedad: si un jefe de Estado sancionado debe asistir a la sede de la ONU
en Nueva York u otro evento oficial internacional en EE. UU., el
Departamento de Estado puede otorgar un permiso especial y limitado de
entrada, coordinado con el Tesoro, para permitir esa visita sin violar las
sanciones[17]. Este permiso se restringe a compromisos oficiales (por ejemplo, la
Asamblea General de Naciones Unidas) y no permite actividades fuera del
marco diplomático establecido. Cabe destacar que Estados Unidos, como país
anfitrión de la ONU, tiene la obligación de no impedir la participación de
representantes de países miembros; sin embargo, puede delimitar estrictamente
los movimientos del dignatario sancionado durante su estadía.
En términos legales, es importante entender que la sanción OFAC no
equivale a un proceso penal contra el sancionado (no lo declara culpable de
un delito en un tribunal), pero violar las sanciones sí constituye una
infracción grave de la ley estadounidense. Es decir, si Petro (o cualquiera
en la lista) intenta realizar transacciones prohibidas a través de terceros o
mecanismos encubiertos, o si un ciudadano/empresa estadounidense
deliberadamente negocia con ellos, podrían enfrentarse a severas multas e
incluso cargos criminales en EE. UU.[18]. Las sanciones OFAC se aplican bajo un régimen de responsabilidad
objetiva, lo que significa que un infractor puede ser penalizado incluso si
alega desconocer que estaba tratando con un sancionado[19]. Por ello, la inclusión en la lista genera un aislamiento personal:
la persona pasa a ser, en efecto, “intocable” comercialmente, y
cualquier asociación con ella es legalmente riesgosa.
Consecuencias diplomáticas y políticas
Las implicaciones diplomáticas de la inclusión de un presidente
en ejercicio en la lista OFAC son profundas. En primer lugar, se produce un daño
reputacional enorme: a nivel internacional, estar en la “Lista Clinton” es
ser señalado como cómplice de actividades ilícitas graves (narcotráfico,
terrorismo, corrupción, etc.), lo cual afecta la credibilidad y el prestigio
del sancionado[20]. En el caso de un mandatario, esta mancha alcanza también al país que
representa, generando tensiones en la relación bilateral. De hecho, la sanción
a Petro ha marcado “un hito diplomático” en la relación
Colombia-Estados Unidos[21], desencadenando la peor crisis bilateral en décadas: es
previsible un enfriamiento o suspensión de la cooperación en ciertas áreas,
llamados a consultas de embajadores, y una atmósfera de confrontación política
abierta.
Asimismo, otros gobiernos podrían replantear sus tratos con Colombia
mientras Petro esté en el poder, dado que Estados Unidos podría presionar
para aislarlo. Es posible que Colombia enfrente dificultades adicionales para
acceder a ayuda financiera internacional o inversiones de empresas extranjeras,
no porque el Estado colombiano esté sancionado (no lo está), sino por precaución
de contrapartes que teman el entorno sancionatorio. Por ejemplo, si el
gobierno colombiano buscara contraer deuda en los mercados internacionales, los
bancos colocadores (muchos con presencia en EE. UU.) podrían exigir
cláusulas especiales o elevar el costo del préstamo por el riesgo reputacional
de que el jefe de Estado esté sancionado. No obstante, técnicamente la
sanción se impone a Petro como individuo, no al Estado colombiano; las
obligaciones soberanas de Colombia seguirían siendo válidas y exigibles. En
otras palabras, los negocios con el gobierno de Colombia no están prohibidos
para terceros, siempre que no involucren proveer beneficios económicos
directos a Petro u a los otros individuos designados. Aun así, la línea
puede ser difusa en ciertos casos, y muchas entidades preferirán ser
extremadamente cautelosas.
También existe la posibilidad de aislamiento en foros
internacionales: un presidente sancionado pierde autoridad moral y podría
ser objeto de protestas o boicots diplomáticos en su contra. Por ejemplo,
delegaciones de algunos países podrían evitar fotografías o reuniones con él en
cumbres, o grupos regionales podrían emitir comunicados de preocupación. La
imagen país sufre, pues tener a un presidente en la “lista negra” es
percibido como síntoma de problemas graves (narco-política, corrupción) en ese
gobierno. Internamente, esto puede ser explotado por opositores políticos del
sancionado para debilitar su posición, mientras que sus seguidores podrían
cerrar filas denunciando una injerencia extranjera. En suma, la sanción no solo
castiga económicamente, sino que aísla diplomáticamente y erosiona el
capital político del afectado a nivel global[20].
Respecto a si existe un trato diferente por tratarse de un
presidente, en esencia las restricciones legales de la OFAC se aplican
igual que a cualquier individuo: el congelamiento de bienes y la
prohibición de transacciones no distinguen cargo o jerarquía. La principal
diferencia radica en las implicaciones políticas (mucho mayores al ser
un jefe de Estado) y en la necesidad de excepciones puntuales para permitir
ciertas interacciones diplomáticas inevitables (como las visitas a la ONU
mencionadas)[17]. Pero desde el punto de vista de EE. UU., sancionar a un
presidente extranjero no concede inmunidad especial: Nicolás Maduro, por
ejemplo, fue sancionado en 2017 pese a ser mandatario en ejercicio, y desde
entonces ha estado sujeto a las mismas incapacidades financieras y de visado
que cualquier otro sancionado[22]. Es una medida que Washington se reserva solo para casos extremos,
debido a sus repercusiones, pero una vez tomada, el presidente sancionado es
tratado como “persona no grata” en el sistema financiero y legal de
EE. UU., al igual que cualquier narcotraficante o terrorista en la
lista.
Proceso para salir de la lista OFAC y duración de la sanción
La inclusión en la lista OFAC no es necesariamente permanente,
pero lograr la remoción es un proceso complejo, largo y poco frecuente[23][24]. El propio Departamento del Tesoro enfatiza que el objetivo final de
las sanciones no es castigar indefinidamente, sino incentivar un “cambio
positivo de comportamiento”[25]. Por ello, existe un mecanismo para solicitar ser retirado de la
lista, conocido como petición de reconsideración (delisting petition).
Para poder salir, el afectado debe presentar ante OFAC una solicitud
formal de exclusión, aportando pruebas contundentes de que ya no
participa en las actividades ilícitas que motivaron la sanción o evidencias
de que hubo un error de identificación[26]. Esta petición es evaluada por las autoridades estadounidenses y puede
involucrar múltiples agencias. En la práctica, el proceso suele implicar
demostrar, por ejemplo, que se han roto vínculos con redes criminales, que se
han tomado acciones reparadoras (colaborar con la justicia, implementar
reformas), o que las circunstancias geopolíticas han cambiado.
El trámite es sumamente engorroso y puede tardar años en resolverse[27]. Son muy pocos los casos en que OFAC accede a quitar un nombre
de la lista: por lo general, solo ocurre cuando EE. UU. considera que
la sanción ya no cumple los fines de su política exterior o de seguridad
nacional, o si se demuestra la inocencia/rectificación del sancionado[28]. Un ejemplo reciente fue el del ex–presidente de Paraguay Horacio
Cartes, quien fue incluido en 2023 acusado de “corrupción desenfrenada” y
fue retirado de la lista alrededor de dos años después, al considerar
EE. UU. que las sanciones “ya no eran compatibles” con sus
objetivos políticos[29]. Casos así son excepcionales. En la mayoría de situaciones, los
sancionados permanecen en la lista por tiempo indefinido, a menos que
ocurra un cambio significativo.
En el caso hipotético de Gustavo Petro, salir de la lista OFAC sería
extremadamente difícil mientras mantenga las mismas posiciones que ocasionaron
su sanción. Tendría que evidenciar un viraje claro en la lucha contra el
narcotráfico –o, políticamente, un cambio de gobierno podría influir– para que
EE. UU. revalúe su designación. De presentarse una solicitud, esta podría
tardar mucho en procesarse y, si es denegada, el sancionado podría
intentarlo de nuevo tras un tiempo (no hay límite en teoría, pero repetir
sin cambios sustanciales tiene pocas probabilidades de éxito). También es
posible que, con el tiempo, cambios en la administración de EE. UU.
o en la situación global lleven al Departamento del Tesoro a remover a alguien
de oficio, si estiman que ya no sirve a sus intereses mantenerlo sancionado[28]. En cualquier caso, no existe un plazo fijo predeterminado para
la duración de estas sanciones: pueden ser multianuales e incluso décadas,
dependiendo de factores políticos y del comportamiento del individuo.
Ejemplos de políticos reconocidos sancionados por OFAC
A lo largo de las últimas décadas, varios líderes y figuras políticas
de renombre internacional han sido incluidos en la lista OFAC por diversos
motivos. A continuación, se enumeran algunos casos destacados y las
razones de sus sanciones:
- Nicolás Maduro (Presidente de Venezuela) –
Sancionado por EE. UU. el 31 de julio de 2017, acusado de derivar a
Venezuela hacia una dictadura, socavar la democracia y permitir
violaciones de derechos humanos y narcotráfico. Su designación fue
histórica, pues Maduro se convirtió entonces en el cuarto jefe de
Estado extranjero sancionado personalmente por EE. UU., después
de Bashar al-Ásad (Siria), Kim Jong-un (Corea del Norte) y Robert Mugabe
(Zimbabue)[22]. Desde 2017, Maduro tiene bienes bloqueados y tiene
prohibido el acceso al sistema financiero estadounidense, además de
que se le ha negado el ingreso a EE. UU.[30][31].
- Bashar al-Ásad (Presidente de Siria) –
Incluido en la lista de sanciones de EE. UU. desde hace años por
liderar un régimen responsable de crímenes de guerra y graves
violaciones de derechos humanos durante la guerra civil siria. Sus
activos y los de su círculo cercano están congelados y enfrenta un embargo
amplio; figura entre los primeros mandatarios sancionados directamente por
OFAC debido a la represión violenta en su país[22].
- Kim Jong-un (Líder de Corea del Norte) –
También en la lista de OFAC, sancionado por su programa nuclear y actividades
que amenazan la seguridad global, así como por abusos contra los
derechos humanos en su país. Las sanciones contra Kim y su cúpula buscan
aislar económicamente al régimen norcoreano e impedirle financiar sus
programas de armamento[22].
- Robert Mugabe (expresidente de Zimbabue)
– Fue sancionado por EE. UU. (y la Unión Europea) durante su mandato
debido a corrupción rampante, fraude electoral y violaciones a los
derechos humanos. Las sanciones contribuyeron a aislarlo
internacionalmente; Mugabe figuró por años en la lista OFAC hasta después
de dejar el poder[22].
- Horacio Cartes (expresidente de Paraguay)
– Designado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en 2023 bajo
cargos de corrupción (acusado de participar en esquemas ilícitos y
sobornos). Cartes sufrió congelamiento de activos y prohibición de
negocios con entidades estadounidenses. Sin embargo, en 2025 EE. UU. decidió
retirarlo de la lista, argumentando que las sanciones “ya no eran
compatibles” con sus intereses de política exterior, tras cambios en
el escenario político paraguayo[29]. Este caso demuestra que, aunque raro, es posible ser removido
de la lista si las circunstancias cambian lo suficiente a juicio de
EE. UU.
Otros ejemplos han incluido a figuras como Saddam Hussein (Irak,
por invasión de Kuwait y patrocinio del terrorismo, antes incluso de la
existencia formal de la “Lista Clinton”), Manuel Noriega (Panamá, por
narcotráfico, sancionado y derrocado a fines de los 80), más recientemente
altos funcionarios del gobierno de Irán o Rusia, e incluso
vicepresidentes o familiares de mandatarios (por ejemplo, Rosario Murillo,
vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, sancionada por corrupción y
abusos). Estos casos reflejan que Estados Unidos recurre a las sanciones
OFAC contra políticos de alto perfil cuando considera que sus acciones
representan amenazas graves – sea al sistema financiero internacional, a la
seguridad de EE. UU. o a los derechos humanos y la democracia. En palabras
del Tesoro, “el poder de las sanciones OFAC no solo está en agregar personas
a la lista, sino en su disposición a removerlas si cambian su comportamiento”[25]. En definitiva, la OFAC es una herramienta de presión internacional:
estar en su lista negra implica quedar financiera y diplomáticamente
marginado, con el objetivo de forzar rectificaciones en la conducta que
motivó la sanción.
Fuentes: La información anterior se apoya en
comunicados oficiales del Departamento del Tesoro de EE. UU.[1][10], reportes de prensa internacionales[2] y análisis de medios colombianos de reconocimiento (El Espectador, El
Colombiano) que explican el alcance de la Lista Clinton y las implicaciones
para Gustavo Petro[12][15][7], así como antecedentes históricos de sanciones a líderes mundiales[22]. Estas fuentes confirman la veracidad de la sanción y detallan sus
consecuencias legales, económicas y diplomáticas de manera integral.
[1] [10] [13] [14] [18] [19] [25] Treasury Sanctions Colombian
President Gustavo Petro and His Support Network | U.S. Department of the
Treasury
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0292
[2]
U.S. sanctions Colombian President Gustavo Petro amid intensifying Trump
feud - CBS News
https://www.cbsnews.com/news/us-trump-sanctions-colombia-president-gustavo-petro/
[3] [8] [12] [15] [16] [17] [20] [21] [23] [26] ¿Qué es y qué consecuencias tiene
estar en la Lista Clinton? | EL ESPECTADOR
[4] [5] [6] [7] [11] [24] [27] [28] [29] Lista Clinton: las razones por
las que una persona puede ser sancionada por EE. UU. y las implicaciones de
esta medida
https://www.elcolombiano.com/internacional/lista-clinton-sanciones-eeuu-implicaciones-OH30158204
[9] Cómo opera la Lista Clinton y por
qué afecta a Petro
https://nacioncolombia.com/lista-clinton-funcionamiento-petro/
[22] [30] [31] Nicolás Maduro - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro